La Xunta de Galicia está retrasando el pago de la compensación de rentas para personas propietarias y arrendadoras, creando una auténtica indefensión e inseguridad jurídica, tanto en los pequeños propietarios como en los grandes tenedores de viviendas.

La legislación, en esta materia, es clara y señala que los procedimientos judiciales de suspensión en los desalojos de viviendas habituales para familias vulnerables reconocen una ayuda a los propietarios, que dejan de percibir la renta, por parte de la Xunta de Galicia una vez transcurran los tres meses desde la elaboración del correspondiente Informe de Vulnerabilidad, por parte de los departamentos de los servicios sociales municipales.

Los jueces y tribunales de justicia están obligados a cumplir con la legalidad y así, una vez se enfrentan a denuncias por impagos de renta de alquileres deben solicitar el correspondiente Informe de Vulnerabilidad actualizado y en todo caso, proceder a la suspensión del procedimiento mientras la Xunta de Galicia no le gestione otra vivienda para facilitar el realojo o la también llamada alternativa habitacional para la familia en situación de exclusión social.

A lo largo de todo éste tiempo de demora en el abandono de la propiedad, el arrendador tiene derecho a una compensación económica que la Xunta de Galicia aún no ha llegado a abonar en ningún caso. No abonan las compensaciones económicas a los propietarios ni facilitan unas viviendas dignas a las familias vulnerables.