Afirma Ábalos, que se queda con su escaño porque lo necesita para defenderse, en una palabra, que secuestra la voluntad de los votantes que depositaron en él su confianza en aras de una idea en común, o cuando menos ideológica o de partido, pero que no pasaba por prestarse a ser escudo de su cargo en entredicho. Esa es la lógica que mueve hoy la política de este País.

Se convocan elecciones, se discuten programas y los votantes eligen para ver como, a la hora de la verdad, las personas que resultaron elegidas se desentienden de lo que prometieron y usan los escaños a su conveniencia y la de su partido.

El problema es que no solo es Ábalos quien secuestra votos y escaños, lo hace también el presidente y su gobierno, que sin reconocimiento explícito y para el solo fin de sostenerse en el poder, no dudan en consentir que se secuestren las instituciones. Y lejos de defenderlas, orquestan una campaña en la que emplean toda su artillería mediática en justificar el ataque. Es más, buscando desprestigiarlas, cuestionan la legalidad del Estado de derecho que hasta ayer defendía, como es su deber, y que ahora reconocen como un atranco para sus fines.

La cuestión es, a qué obedece esta atrocidad democrática. ¿Lo hace o hacen porque necesitan, como Ábalos, permanecer en el gobierno para defenderse él o su partido?

Y en ese caso, ¿qué acusación pesa o puede pesar sobre él o ellos, que sea más grave que la gravedad de sus actos?