El acuerdo salarial entre patronal y sindicatos para los próximos tres años es una buena noticia para todos porque favorece una paz social de la que estamos muy necesitados. Es, también, un balón de oxígeno para un Gobierno muy necesitado de argumentos para enfrentar lo que se les viene encima y una montaña que escalar para la oposición. Y lo han firmado los empresarios, demonizados hasta hace solo unos días por los propios sindicatos y por una buena parte de los ministros y ministras del Gobierno. Hay también mucho ‘marketing’ en la venta de este acuerdo por parte de la patronal y los sindicatos. Disparar al empresario es un deporte que nunca pasa de moda en la izquierda, es un objetivo prioritario en la extrema izquierda y no siempre encuentra la defensa y el apoyo necesarios en la derecha y el centro derecha. Hay empresarios que viven en la opulencia, un uno o un dos por ciento, pero la inmensa mayoría, más del noventa por ciento, son emprendedores, pequeños y medianos empresarios para los que mantener viva su empresa y unos márgenes que les permitan vivir razonablemente es una lucha constante. Y muchos se quedan en el camino.
 

El empleo mejora y eso es una noticia excelente. Pero esconde otras muchas realidades. En el acuerdo no se contempla la mejora de la productividad --uno de nuestros agujeros negros--, ni tampoco algo que debería ser un objetivo importante: ligar las retribuciones de los trabajadores a los beneficios de las empresas. Si hay beneficios, los trabajadores --y no sólo los empresarios o los directivos-- deben beneficiarse de esos resultados, porque se han conseguido también gracias a ellos. Ligar los salarios sólo a la subida del IPC es pan para hoy y hambre para mañana. La productividad es un dato básico para saber si vamos a mejor o a peor, si habrá más empleo o menos en el futuro. Y para mejorar la productividad hay que favorecer la competitividad de las empresas, formar mejor a los trabajadores, favorecer las inversiones que redundan en más productividad y reducir las cargas fiscales y las cotizaciones sociales.
 

De las grandes economías de la OCDE, España es el país donde más han bajado los salarios reales en 2022. El reparto de ayudas indiscriminadas por parte del Gobierno no favorece a los que tienen salarios más bajos y la falta de medidas fiscales para reducir el impacto de la inflación en los que menos tienen, tampoco. El récord de 20,6 millones de ocupados, otra buena noticia, esconde también que hay una bolsa de dos millones de desempleados --en su mayoría mujeres y mayores de 50 años, pero también un altísimo porcentaje de jóvenes-- que tienen casi imposible encontrar un puesto de trabajo por falta de formación. O que las empresas no encuentran profesionales formados para sus necesidades reales. Y que sin la inmigración cientos de miles de puestos de trabajo que los españoles no quieren, en la construcción, en los cuidados a mayores, en el trabajo doméstico, no se podrían cubrir. Y que tenemos unos servicios públicos de empleo muy deficientes, sin personal y sin objetivos. Y que sin la fuerte subida, bastante desorganizada, del empleo público, más de un tercio del total, y el manejo de las estadísticas, las cifras no serían las mismas.
 

Sindicatos y patronal harían bien en mirar el futuro del empleo con una visión más amplia. Lo que viene, con la inteligencia artificial como principal amenaza, va a cambiarlo todo en el mundo del trabajo. Quedarse en los salarios, por muy importantes que sean, es quedarse en el pasado.