Dice la Constitución española que todos somos iguales ante la ley, pero comprenderán ustedes que hay mucha, pero mucha ciudadanía que no se lo cree. Yo tampoco. Se suponía, hasta hace nada, que el Tribunal Supremo era el más alto tribunal y que sus sentencias sentaban jurisprudencia. Ahora sabemos que no, la intervención del Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de justicia, puede revocar sentencias del Supremo a su antojo. Lo acaba de hacer en el caso de los ERES de Andalucía, Chaves, Griñán y una retahíla de socialistas que fueron condenados en su día a prisión se han visto beneficiados de un dictamen del Constitucional para rebajar sus penas y liberarse de prisión. Es decir, lo de los ERES debió de ser culpa de algún ujier que pasaba por allí y se le ocurrió repartir el dinero de los parados andaluces entre empresarios y políticos corruptos cuando no en prostitutas y drogas. Los máximos responsables de aquel gobierno ni se enteraron, por lo visto, de que se repartieron cerca de 600 millones de euros al antojo de no se sabe quién. Y con este regalo del Constitucional reaparece Chaves para decirnos que todo fue un montaje político y mediático contra el Psoe andaluz. Y entonces algunos nos preguntamos: ¿y donde está el dinero público que se malgastó? Y ellos contestan: no me cambie de tema, estamos hablando del Constitucional. Pues nos quedaremos así, tipo Gila, preguntando al aire: ¿alguien robó algo? ¿alguien se fue de fiesta y pagó con dinero público a meretrices y camellos? No haré más preguntas porque los que preguntan demasiado pueden acabar delante de un juez e incluso ser condenados. Podemos hablar también de Nacho Cano, fue un escándalo efímero, alimentado por la fuerza mediática que arropa a Sánchez y a la que se le fue la mano en este caso. Cano mostró siempre su apoyo a Ayuso y el número que le montaron le vino muy bien a Sánchez en pleno lío con lo de Begoña y su hermanísimo. No tengo ni idea de como contrató a sus bailarines, pero todos los días se producen inspecciones de trabajo en España y no nos enteramos nadie, salvo en este caso que la cadena SER y el País lo lanzaron en exclusiva para toda España, ya es casualidad que fueran estos medios los que se hicieran con esta “exclusiva” policial. Tiene razón Nacho Cano al sentirse perseguido, pero en este caso, los mamporreros de Sánchez tocaron en roca. Y por ir acabando, veamos el caso de Begoña y el hermano de Sánchez. La primera se presenta a no declarar con doscientos policías custodiándola para acudir al juzgado, como cualquier español. Hacía reuniones de negocios en Moncloa y en ocasiones la acompañaba su marido, el presidente. Casualmente, sus interlocutores en esas reuniones se beneficiaron de contratos, préstamos y subvenciones del estado, ¡como cualquier español! Y el hermano, que no se sabe si reside o no en España ni si tiene hijos o no, pero cobra un sueldo de la diputación de Badajoz sin tener ni un despacho, ni un espacio para trabajar, más allá de una mesa y unas sillas que se compraron a toda velocidad para inventarse una ubicación en el organismo provincial. La Guardia Civil ya ha registrado la Diputación extremeña y esperamos ansiosos los resultados del registro, despejará dudas. No señores, no todos somos iguales ante la Ley, pero la impunidad con la que se mueven los cercanos al presidente, tendrá consecuencias, antes o después.