La banalizada y artificial polémica sobre la aplicación de un protocolo antiabortista en la Comunidad de Castilla y León se internacionaliza. Más leña al fuego del infantil intercambio de pedradas entre PSOE y PP, los dos grandes competidores por el poder en la España tuneada por las amistades peligrosas de Núñez Feijóo y las de Pedro Sánchez. Me refiero a las declaraciones del presidente del Gobierno en la cumbre de los poderosos públicos y privados del mundo (Davos 2023) sobre un problema esquinado en una de las diecisiete Comunidades Autónomas del Reino de España.
 

Por cuenta del culebrón sobre el aborto, desencadenado por el número dos de la Junta de Castilla y León, García Gallardo (Vox), Sánchez utilizó ese foro internacional para advertir sobre los males que nos acechan si los gobiernos abren sus puertas a la ultraderecha. Según él, el peligro debe ser combatido con la misma determinación de los ucranianos contra los rusos. “Por otros medios”, añadió. Claro, solo faltaba que la analogía incluyese misiles, cañones y fusiles de asalto.
Por las mismas, llega ahora el traslado de la lucha por el poder en España al hemiciclo del Parlamento Europeo. El orden del día del pleno, convocado para este miércoles en Estrasburgo (a la hora de escribir este comentario ya se deben haber desencadenado las hostilidades) incluye un tema a debatir que viene enunciado como la protección del Estado de Derecho contra la impunidad en España.
 

Habida cuenta que la propuesta viene apadrinada por el PPE -grupo al que pertenece el PP español-, nos podemos hacer una idea sobre el sesgo del debate, que viene marcado por los apriorismos políticos de dos partidos que se acusan mutuamente de “pervertir”, “asaltar”, “chantajear” las instituciones. Así que está garantizado el traslado de la confrontación doméstica (sedición, malversación, sí es sí, aborto...) al templo de la democracia europea. O sea, que Europa nos mira y no sé si vamos a dar nuestra mejor imagen. Ahí tendrán ocasión los eurodiputados del PP de explicar que su partido está siendo víctima de la sobreactuación de un Gobierno español que le acusa sin razón de incumplir las leyes cuando, según el PP, es el propio Gobierno el que las modifica a su capricho para adaptarlas a su agenda política, poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Definitivamente, creo que la imagen de España no va a salir muy bien parada escenificando ante la UE la existencia de debates de tan baja calidad.