Sorprende que el encendido debate sobre el aborto apenas permita turnos dedicados a la prevención de embarazos no deseados. De eso apenas se discute en los ámbitos mediáticos y políticos. Ni siquiera se discute sobre el cuándo el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo decae frente al derecho a la vida del nasciturus. En cambio, el enredo es mayúsculo en un insoportable juego de palabras. Se alquilan balcones para ver cómo suda tinta el líder del PP cuando Vox y PSOE se conjuran para obligarle a ubicarse entre dos derechos, a la vida y al aborto.
 

Es la guerra entre partidos a la caza del votante fronterizo en vísperas de las urnas de mayo y diciembre por cuenta de las tres leyes constitutivas de la obra predilecta de Irene Montero, ministra de Igualdad. A saber: libertad sexual (“sólo sí es sí”), ley “Trans” (autodeterminación de género) y ley del aborto retocada (libre a partir de los 16 años). Ojo al dato: las tres han sido recurridas antes el Tribunal Constitucional.
 

El aterrizaje de estas normas legales en el BOE ha puesto a prueba la vocación de centralidad reiteradamente confesada por quien, según las encuestas, se ha convertido en un aspirante verosímil a protagonizar un cambio de ciclo político. Hasta el punto de darse un inédito caso de inversión de papeles, como el ocurrido el miércoles pasado en la sesión de control parlamentario al Gobierno, cuando el fue el Gobierno el que quiso controlar a la oposición con una pregunta-trampa del ministro Bolaños: ¿Es el aborto un derecho de la mujer? 
 

Feijóo respondió, pero no en sede parlamentaria, porque la pregunta del ministro se la trasladaron los periodistas en una rueda de prensa. La respuesta fue imprecisa porque el derecho es impreciso, al estar conjugado con el derecho a la vida. Mejor que impreciso, digamos relativo. Si el derecho no es absoluto, sino relativo, por los confinamientos que lleva consigo en el derecho positivo (supuestos y plazos), la respuesta también tenía que ser relativa, al margen de cuestiones de conciencia, que no vienen al caso en un servidor público.  Así que Feijóo se remitió a su deber de cumplir la ley vigente, donde el aborto aparece un derecho de la mujer perfectamente regulado. Y, de paso, constató que no figura entre los derechos fundamentales reconocidos en el título I de la CE  ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 

El derecho a la vida sí figura en ese repertorio declarativo en nombre de la dignidad humana. es el derecho a la vida. El orden jurídico lo hace compatible con el derecho al aborto. En el caso español, libre en las primera catorce semanas, y hasta veintidós si hay malformación del feto o riesgo de salud para la madre. A eso ha de atenerse el gobernante y quien aspira a serlo. Lo demás son ganas de enredar.