Todas las encuestas previas a las elecciones del 18-F acertaron en la intención del voto de los gallegos con diferencias mínimas en la adjudicación de escaños. Todas, menos las promovidas por un medio de comunicación cercano al Gobierno de España y las tres que realizó el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas.
En los tres sondeos publicados entre el 25 de enero y el 12 de febrero sobre estimación de voto en Galicia volvió a hacer un papelón equivocando sus pronósticos con todos los partidos en una repetición de errores de anteriores procesos electorales.
El CIS ha dejado de ser el instituto demoscópico de referencia, ya no goza de credibilidad y prestigio y sus estudios dejaron de ser fiables para conocer “el estado de ánimo de la sociedad”: los problemas que preocupan a los ciudadanos, su percepción de la situación política, económica y social y otras preocupaciones de la gente.
Su descrédito es de tal magnitud que nada de lo que ofrece es fiable, pregunte lo que pregunte, los barómetros mensuales ya no sirvan para extraer información de utilidad para empresarios, autónomos y particulares. El “mérito” de la pérdida de reputación es de su presidente, el señor Tezanos, un sociólogo antaño reconocido que perdió su prestigio desde que se puso al servicio del Gobierno como militancia socialista.
Viendo el cúmulo de desaciertos de este organismo en los distintos comicios, se puede concluir que sus encuestas están concebidas como un servicio cualificado al Gobierno. Inventa las preferencias de los votantes y pronostica unos posibles resultados que, en lugar de responder a la pulsión de la sociedad, están cocinados con la intención de “orientar” el voto de los electores, animando a unos y desanimando a otros.
Es un ejercicio de manipulación bochornosa y un claro ejemplo de corrupción política y económica porque su presupuesto sale de los impuestos de todos los contribuyentes. Tamaña “utilización política” representa una malversación de caudales públicos para un uso tan espurio como “influir” en los votantes para complacer al Gobierno.
El CIS es el caso más grosero de colonización de las instituciones poniéndolas al servicio del Gobierno, pero no es el único. Recuerden la “rendición” de la abogacía del Estado, “de quien depende la Fiscalía” y sus nombramientos, las designaciones para la presidencia del Consejo de Estado, para el INE, CNI, empresas públicas, como Renfe, Correos, la SEPI, o para los medios de comunicación públicos Agencia EFE y RTVE.
Esto no acaba con la democracia, pero son señales de su degradación.
Por eso es imposible entender que el presidente Sánchez, que accedió al poder para regenerar la vida pública, haya degenerado utilizando el CIS y casi todas las instituciones del Estado en beneficio propio.