“Los niveles actuales de inflación son inaceptables”, dijo la vicepresidenta Calviño el 13 de abril en Canal Extremadura y aseguró que el Gobierno hace todo lo posible para que bajen los precios. Seguro que hace lo que puede, pero eso no significa que acierte.

En una encuesta de Sigma Dos nueve de cada diez españoles –¡que tienen la manía de pensar!– cuestionan la ineficacia de la medida estrella de la subvención general de los combustibles, y el 61% respalda la rebaja fiscal aprobada en la reunión de presidentes en La Palma, una petición del líder de la oposición en su visita a la Moncloa que ni siquiera consideró el presidente del Gobierno, que estuvo en aquella reunión.

Son muchos las voces que claman por una rebaja “selectiva” de impuestos como remedio para contrarrestar la inflación. Y no es verdad lo que dice la ministra en la entrevista citada -también lo dice el presidente- que “una rebaja de impuestos lleva aparejado un recorte de servicios públicos”. El Estado de bienestar se resiente si descienden los ingresos, que ahora aumentan con la inflación, y si la rebaja fiscal no va acompañada de una multimillonaria reducción del gasto público que la señora Calviño sabe que está desmadrado.

Los españoles pagamos mucho, somos uno de los países con mayor esfuerzo fiscal, y el Gobierno gasta a espuertas. Gran parte de nuestros impuestos se pierden en gastos que mantienen ministerios inútiles, asesores y cargos de confianza (lean la relación en el diario Expansión del día 18), subvenciones y otros despilfarros -circulan por la red ejemplos escandalosos- que desangran las cuentas públicas e indignan a los contribuyentes.

Ante esta subida de precios que devalúa salarios y ahorros, resta poder adquisitivo y empobrece a todos, pero golpea más a los más vulnerables, el Gobierno debería compensar a los ciudadanos dejando más dinero en sus bolsillos para hacer frente al aumento de los precios. ¿Por qué se niegan a ajustar las tarifas del IRPF a la nueva escalada de la inflación?. También es de “primero de gestión” reducir el gasto público que, más que aportar al Estado de bienestar, impide dotar mejor sus servicios y aumenta la deuda y el déficit.

Esta crisis es la primera preocupación de los españoles que el Gobierno debería atender y dejar de agitar el fantasma de la extrema derecha, que inquieta menos a la gente. El “discurso del miedo” ya no vende porque quienes tienen problemas económicos, piensan, cultivan el pensamiento crítico.

Es el mejor antídoto contra la propaganda gubernamental que busca desviar la atención de la mala situación económica, de la negativa a bajar impuestos, del miedo al proyecto económico del PP y del creciente malestar social.