La vivienda, después de cuarenta años de democracia en España, continúa siendo un problema importante y que afecta a demasiadas familias. A pesar de que las competencias son de las Comunidades Autónomas, muchas, entre ellas la Xunta de Galicia, han adoptado escasas medidas y las que se han implementado no han sido eficaces para avanzar en la aplicación real del Derecho a la Vivienda.

Los políticos, según la ideología, basan su acción de gobierno dentro de sus prioridades y para la derecha política la vivienda nunca ha sido una cuestión fundamental, dejando todo a los vaivenes del libre mercado y a la especulación más feroz. A corto plazo, no es cuestión de construir más viviendas, sino de aprovechar las construidas en manos de la Sareb y de los fondos de inversión, que se encuentran sin habitar, para ponerlas a disposición de las familias vulnerables a través de alquileres sociales, asequibles.    

En España se ha entendido la vivienda como un negocio y no como un derecho fundamental. Por ello las medidas, en materia de vivienda, han sido más bien escasas y las pocas que se llevaron a cabo únicamente eran para favorecer la burbuja inmobiliaria, generar la crisis del ladrillo, subvencionar a los propietarios de inmuebles e inyectar dinero público a las entidades financieras, en detrimento de los arrendatarios y de los hipotecados.