La Junta Electoral Central o el Tribunal de Cuentas deberían tener entre sus funciones la de sancionar a los candidatos por abusar de las ocurrencias en la campaña y, si me apuran, debería registrar todas las promesas hechas en campaña y, antes de la siguiente convocatoria electoral, multar económicamente a los candidatos elegidos por cada propuesta no cumplida.
 

Los millones vuelan en campaña -se calcula entre 13.000 y 20.000 millones, y algunos la suben hasta 48.000, el coste de las propuestas que lleva hechas Sánchez y todavía queda una semana para las elecciones-. Hay interrail europeo y nacional a mitad de precio, cine los martes a dos euros para mayores, acuerdos con la NASA, millones para el metro de Sevilla, contratación de miles de personas para aliviar el agujero negro de la Seguridad Social, avales para que los jóvenes puedan comprar un piso, jubilaciones anticipadas para las personas con discapacidad, dinero para los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, permisos para que las/los funcionarios municipales de Madrid puedan ir a la peluquería... En campaña se crea siempre una empresa: “Ocurrencias, sociedad ilimitada”, ¿Y quién paga todo eso? Pues nosotros, los contribuyentes. Los políticos disparan con pólvora ajena, porque el dinero, aunque no lo crean, no es suyo. Tampoco es posible estirarlo para que de para todo. Si se pone en un sitio, se quita de otro. Y si no llega, endeudan a las generaciones futuras Y, además, si todo esto se reconoce como justo, ¿por qué no se hizo antes, durante toda la legislatura? Cada propuesta debería llevar una memoria económica que explicara de dónde salen los fondos y un plazo de ejecución, de forma que el Tribunal de Cuentas fiscalizara su cumplimiento. Incluso deberían limitar quién puede hacer promesas electorales y sobre qué, porque esta no es, aunque lo parezca, una campaña para elegir un Gobierno de la nación sino el gobierno de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas. Y quien promete es otro.
 

Ya sé que no se pueden pedir peras al político porque el político no da peras. Algunos no sólo no dan, quitan. Pero algo habría que hacer, cuando la AIREF dice que hay que hacer un ajuste de 6.000 millones al año los próximos ejercicios, Europa nos obliga a bajar el déficit, el Banco de España cuestiona las reformas de las pensiones y la ley de vivienda y la deuda pública está disparada. Pero de eso no se habla en campaña electoral. Tampoco se habla de los graves problemas de la financiación municipal y autonómica, porque los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo sobre eso, que es lo que lastra la capacidad de quienes gobiernan lo más cercano para atender las necesidades reales de los ciudadanos.
 

¿Por qué tienen miedo a tender puentes a sus oponentes? ¿Por qué priman las descalificaciones y las líneas rojas a quienes no piensan como ellos pero representan también a una parte importante de los ciudadanos? ¿Por qué algunos prefieren aliarse con quienes combaten los principios básicos de la democracia en lugar de hacerlo con los que la defienden? ¿Por qué no van a la política y al gobierno de las instituciones los más preparados sino los más dóciles al partido? Cuando necesitamos que nos operen acudimos al cirujano, al mejor cirujano si es posible. ¿Por qué cuando elegimos a un político, elegimos a cualquiera? Habría que preguntar a los partidos que los eligen. El orgullo, la terquedad, la descalificación permanente del contrario son lujos que una nación moderna y democrática no puede permitirse. No hay que pedir peras a los políticos.