L a Unión Europea siempre ha estado comprometida, al menos en teoría, con la reducción de la pobreza y la exclusión social. Actualmente y de cara al futuro, según algunos expertos, requerirá un cambio de paradigma en las políticas económicas, cuyo punto de partida deberá ser el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos, frente a los grandes índices macroeconómicos. Lo importante tendrá que ser garantizar el acceso a un nivel mínimo de renta que otorga la capacidad potencial y real de satisfacer las necesidades básicas de la persona, haciendo efectiva la libertad de elegir la vida que los individuos deseen, proporcionándoles cierta protección frente a los riesgos de carácter económico y personal.

Para que esto pueda ser realidad las diferentes administraciones públicas tienen que mantener un peso decisivo en el gasto público destinado a la protección social, como en pensiones y desempleo así como en educación, sanidad y servicios sociales. Todo ello a través de una política redistributiva valiente y que entiendan que los servicios públicos recibidos no dependan en absoluto de la renta de las familias sino de sus necesidades que así generaría la igualdad de oportunidades. Para que esto suceda, nuestros gobernantes, tienen que ser conscientes de que para garantizar el estado de bienestar, como sucede en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda… , no solo es necesario la previsión de gasto sino el tener una clara voluntad y decisión política.

Lógicamente, este estado de bienestar, tiene que estar garantizado en todo el territorio español, en las 17 CC AA. La Constitución de 1978 establece el compromiso de hacer compatible la diversidad territorial con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.