Bajo el lema “El mundo rural despierta” estuvo presente todo el campo el domingo en Madrid pidiendo respeto para su actividad y reclamando un plan de choque “para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones”, en una concentración sin incidente alguno.

Era el remate de una semana caótica, sin que el presidente Sánchez dieran instrucciones a sus ministras para que se sentaran con la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías a la que ningunean porque no está en la mesa de diálogo del sector con la Administración y por estar repudiada por los sindicatos oficiales, leales al Gobierno. Es una Plataforma minoritaria, pero sus integrantes están bien organizados, tienen capacidad de movilización para paralizar la cadena de distribución y capacidad de convocatoria hasta obtener la comprensión de los agricultores, ganaderos y la pesca, que también las están pasando canutas, del comercio desabastecido y de muchos ciudadanos que saben lo que significa “precariedad”.

Pero el Gobierno ignora, desprecia e insulta a esta “Plataforma no sumisa” utilizando el mantra de que “detrás está la ultraderecha y el boicot al Gobierno”, argumentario oficial de las ministras M. J. Montero, Raquel Sánchez, Nadia Calviño y Reyes Maroto.

¿Serán fascistas y/o ultraderechistas los manifestantes de Madrid y estos transportistas, que son los mismos que abastecieron a España durante la pandemia y ahora piden al Gobierno medidas eficaces para salir de la ruina y “poder comer con el sudor de nuestro trabajo”?.

Están asfixiados por el precio de los carburantes y estrangulados por las patronales que controlan el transporte y les ofrecen contratos leoninos con los que “perdemos menos dinero parados que trabajando”. Por eso tienen razón y es una irresponsabilidad del Gobierno no escuchar sus reclamaciones. El lunes se sumaron al paro tres asociaciones que no aceptan la oferta del Gobierno y hoy, ¡aparecen los sindicatos!.

¿Y qué decir de los piquetes? La actuación salvaje de individuos que dañan los vehículos de sus colegas e impiden el derecho a trabajar, no les representan. El despliegue monumental de las fuerzas del orden debe garantizar ese derecho al trabajo y que funcionen la cadena económica y el abastecimiento del país.

Pero los transportistas y la gente del campo, antes que la “mano dura” que impone Interior, necesitan ser escuchados y que se solucionen sus problemas de inmediato para que la factura de la huelga no cause daños irreparables.

Que el Gobierno espere que esas soluciones vengan de Europa denota su falta de ideas y liderazgo. Eso piensa un internauta que dice que “el paro o la huelga son el síntoma, el Gobierno la enfermedad”.