La Comisión Europea (CE) inició ayer un procedimiento de infracción contra España y otros cuatro Estados miembro de la Unión Europea (UE) por no haber trasladado  de manera “correcta y plenamente” a sus legislaciones nacionales las nuevas reglas comunes sobre las condiciones de acogida de las personas que solicitan protección internacional cuando llegan a territorio de la Unión Europea.

Con el envío de una carta de emplazamiento, Bruselas abre un expediente sancionador contra el Estado miembro y le otorga un primer plazo de dos meses para que ponga solución a las deficiencias detectadas.
A falta de una respuesta satisfactoria en el plazo indicado por parte de las autoridades españolas, los servicios comunitarios podrán enviar un dictamen motivado, segunda etapa del procedimiento, que da nuevamente un plazo de dos meses para resolver la situación antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Requisito previo

Junto a España, el Ejecutivo comunitario expedientó también a otros tres países del bloque –Bélgica, Grecia y Portugal– a los que da el mismo plazo para resolver la situación.

“Garantizar el pleno respeto de la Directiva sobre las condiciones de acogida – Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013–es un importante requisito previo para el buen funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), y la Comisión Europea supervisa atentamente la forma en que todos los Estados miembros de la Unión Europea han transpuesto esta legislación al Derecho nacional”, indicó el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado.

Bruselas consideró que estos Estados miembros “no han transpuesto correctamente determinadas disposiciones de la Directiva y disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión”, añadió el comunicado, sin dar más detalles sobre las disposiciones pendientes.