El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que la comunidad y el Gobierno de España se dieron un plazo de entre ocho y diez días para redactar los cambios que proponen a la Ley de Extranjería para un reparto de los aproximadamente 4.500 menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago en solitario.

“El fin lo hemos acordado ayer (por el jueves) y eso es una buena noticia. El texto legislativo se tiene que redactar ahora por los equipos de los servicios jurídicos de los Ministerios y del Gobierno de Canarias. Nos hemos dado el plazo de ocho o diez días para luego ir a los acuerdos políticos”, dijo en relación a una reunión técnica que tuvo lugar este jueves en Madrid.

El presidente vio positivo que la Administración General del Estado, “por primera vez y hay que reconocérselo”, se muestre predispuesta a cambiar la Ley de Extranjería, indicando que se está buscando un mecanismo ágil para el reparto de los menores.

Clavijo entendió que no puede ser que cada vez que arriba un menor en una patera y se esté fuera de cupo se tenga que reunir la intersectorial.

“Se trata –agregó– de fijar unos cupos y un número de recursos que tiene que tener cada territorio para poder atender dignamente a esos menores para que una vez que se llega a la saturación –un 10% más de la capacidad– automáticamente el Estado tenga que distribuirlo en 72 horas”.

Paso histórico

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, exigió y demandó el apoyo de la mayoría del Congreso de a la modificación de la Ley de Extranjería para poder distribuir a los menores migrantes que llegan al archipiélago canario entre las comunidades.

Así lo manifestó en declaraciones a los medios, a raíz de que este jueves los gobiernos central y canario alcanzasen un principio de acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y así facilitar y hacer obligatoria la distribución de los menores migrantes entre todas las comunidades. El ministro afirmó que con este principio de acuerdo se dio “un paso que jamás se había dado en la historia de Canarias y se ha avanzado más que nunca”. 

En cualquier caso, advirtió de que su aprobación “no depende de la voluntad del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España; depende de lo que decidan las Cortes Generales, porque cualquier modificación legislativa, sea la fórmula que sea, tiene que acabar siendo votada en el Parlamento español”.

Torres cree que todos los partidos deben apoyar esta iniciativa en la que aún quedan cuestiones jurídicas y técnicas que e resolver; de ahí que ambas administraciones se diesen el mencionado plazo para intentar conseguir un texto definitivo.