Canarias inicia el proceso para el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados

Canarias inicia el proceso para el reparto obligatorio de los menores migrantes  no acompañados
Equipos de emergencia ayudan a migrantes llegados a El Hierro | Aec

El Gobierno y el Parlamento de Canarias se disponen a comenzar esta semana el proceso para intentar que se cambie por ley la tutela y custodia de los menores migrantes, de manera que haya un reparto obligatorio entre todas las comunidades con criterios objetivos, independientemente del territorio por el que acceden al país.


El orden del día del Consejo de Gobierno de Canarias, que se reunió ayer, incluía una comunicación que remitirá al Parlamento regional para que la Cámara legislativa apoye el cambio legal que se propone, una iniciativa que Canarias pretende que asuma el Gobierno central para que el Consejo de Ministros apruebe por decreto ley un cambio en el Código Civil.


La comunidad de Canarias tutela actualmente más de 5.500 niños y adolescentes llegados a las costas de las islas sin la compañía de mayores, los cuales están albergados en 72 instalaciones, muchas de ellas abiertas con premura ante la llegada incesante de cayucos en los últimos meses sobre todo a partir del último trimestre de 2023.


Ya en el mes de octubre pasado, Canarias solicitó el apoyo tanto del Estado como de las comunidades. Entonces, Canarias tutelaba unos 3.300 menores y el acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fue distribuir a 347 de ellos entre el resto de las autonomías.


Cuatro meses después, los menores en el archipiélago son 5.500 y ninguno de los 347 de los que se habló entonces ha sido acogido aún en otras comunidades, a falta de la firma de acuerdos bilaterales, garantías de financiación por parte del Estado y otros trámites. Por ahora, solo cuatro comunidades mostraron su disposición a acoger a los menores fruto de ese acuerdo, según el Gobierno canario: Madrid, con 34; Galicia, con 28; Cantabria, con 26; y Aragón, con 24. 

 

Por eso la conclusión de casi todo el arco parlamentario es que dado que la “solidaridad voluntaria” no funciona, debe cambiarse la legislación para que haya una “solidaridad obligatoria”, es decir, un reparto entre regiones a partir de parámetros objetivos, como la población. 

Canarias inicia el proceso para el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados

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