Casi 300.000 personas esperaban en 2023 a que les asignaran un servicio o prestación del sistema de dependencia o les resolvieran algún procedimiento, mientras que 40.447 fallecieron en esa lista pendientes de ser valoradas o atendidas.

Son datos de la última evaluación del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con la información oficial del Imserso, que muestra las desigualdades entre comunidades tanto en coberturas como en modelos de gestión.

El incremento de la financiación estatal en 4.000 millones de euros con el Plan de Choque aumentó en los últimos tres años en 287.636 las personas atendidas y el sistema reconoce a 1.567.107 dependientes con derecho a prestación al finalizar 2023, pero se necesitarán más de ocho años para alcanzar la plena atención.

La media de tramitación de un expediente de dependencia es de 324 días (97 días menos que en 2020), aunque en cuatro comunidades se acerca o supera el año (Canarias –647 días–, Andalucía –557–, Murcia –509– y Galicia –362–) y solo cinco están por debajo de los seis meses que establece la ley (Ceuta –68–, Castilla y León –127–, País Vasco –140–, Cantabria –173– y Navarra –178–).

Según el presidente de la asociación de profesionales de los servicios sociales, José Manuel Ramírez, “los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del Sistema, sin que se perciba una mejora substancial pese al importante incremento de financiación estatal”.

El informe presentado este lunes muestra que nueve comunidades redujeron su aportación a la dependencia en 2023: Cataluña (en 57,3 millones), Andalucía (51,6), Comunidad Valenciana (40,6), Madrid (15), Extremadura (once), Asturias (10,8), Cantabria (8,7), Castilla y León (7,4) y, por último, Murcia (uno).

Plan de Choque

Respecto al cumplimiento de los objetivos del Plan de Choque que establecía que la teleasistencia fuera un derecho subjetivo de todos los dependientes que vivieran en su domicilio, solo el 35,8% la tiene. Sobre la ayuda a domicilio, la intensidad media son 33,8 horas mensuales (57,9 horas para el Grado III), con una subida de 0,3 horas mensuales respecto al año anterior.

Para Ramírez, “esos resultados tan limitados” del Plan de Choque se deben en gran parte a la complejidad de los procedimientos desde que una persona solicita que se reconozca su situación de dependencia, pero también “a la falta de voluntad política de algunos gobiernos autonómicos, que ha reducido su aportación económica haciendo caja con el incremento de financiación estatal”.

Sí se cumplió el compromiso del Gobierno de que los asuntos que llegan a los tribunales en materia de dependencia se estudien en el orden de lo Social, lo que evitará los elevados costes y complejos y prolongados procedimientos de reclamación que tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa.

En la escala que realiza el observatorio con varios indicadores –como las personas atendidas, los tiempos de espera o el gasto público– diez regiones aprueban y la media estatal baja respecto al año anterior hasta 4,94.