El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso del Partido Popular (PP) contra el decreto ley de 2021 relativo a la suspensión de los desahucios y lanzamientos a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma por la pandemia de covid que traigan causa de un proceso penal.

En una sentencia, el pleno del Constitucional rechazó por mayoría el recurso de inconstitucionalidad del grupo popular en el Congreso contra varios incisos del real decreto de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente del Tribunal de Garantías, Cándido Conde-Pumpido, descartó que se vulnerasen, como sostienen los populares, los límites fijados por la Constitución en relación con el uso del decreto ley por afectar a los derechos de propiedad, de ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y a la ordenación de las instituciones básicas del Estado.

Regulación general

Consideró, así, que la norma prevé una medida limitada en cuanto a su ámbito de aplicación que no tiene por objeto una regulación directa y general del derecho de propiedad de la vivienda ni afecta por ello a su contenido esencial.

“Una medida que responde a una finalidad de interés social, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus, que incide de forma mínima y temporal sobre el derecho de propiedad, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica”, añade.

El Constitucional también entendió que la norma satisface de igual manera la exigencia constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. “La ejecutividad de las sentencias no es cuestionada por la norma impugnada sino que solamente se dilata por un breve lapso temporal una vez ponderadas las circunstancias concurrentes en cada caso”, fundamentó.

Añadió que tampoco se altera la atribución competencial de los órganos jurisdiccionales fijada por la ley ni se ven afectados los elementos estructurales o esenciales del proceso judicial.

Formularon voto particular discrepante los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Entienden que la disposición impugnada sobrepasa y supera uno de los límites que la Constitución impone a los decretos leyes como es la prohibición de afectar a los derechos de los ciudadanos reconocidos en el título primero de la Carta Magna, entre los que se encuentra el derecho de propiedad, al limitar de modo intenso las facultades de disposición de los titulares de viviendas.

Ambos consideraron que se obliga al propietario a soportar y tolerar el uso de su vivienda por quienes están incursos en un proceso penal y la ocupan sin título habilitante para ello.