El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.
 

Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entregó hoy a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
 

“Los ciudadanos han insistido con sus quejas en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario”, dijo Gabilondo en la presentación del informe en el Congreso para añadir que el anterior fue el ejercicio en el que “se ha puesto más de manifiesto las debilidades del sistema de atención. También recalcó que la más “deficitaria” es la medicina familiar y recordó que intervinieron en relación a las listas de espera.

Ciudadanos protagonistas

La institución tramitó 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. Además, inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional –que se corresponden a once leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas–. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial.
 

Gabilondo precisó que las quejas de los ciudadanos también se dirigieron a “que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación online”.
 

Gabilondo destacó que fueron “cuantiosas” las quejas “por la dificultad de los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal”.
 

“En el informe que hoy presentamos y que ha sido registrado en las Cortes Generales, hemos tratado que fuera más ágil, breve, asequible y que retrate con claridad las principales preocupaciones ciudadanas. No es una sucesión de avatares que conciernen a los ciudadanos, sino que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española”, subrayó Gabilondo.

El organismo acusa a diferentes administraciones de no colaborar

El Defensor del Pueblo acusó a cuatro Ministerios –Hacienda, Justicia, Transportes y Universidades–, a cuatro comunidades –Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco –, a la ciudad autónoma de Melilla y a 136 entidades locales de ser administraciones “no colaboradoras” con este organismo en 2022 al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
 

Así consta en un anexo del informe anual donde recuerdan que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones. El Defensor entiende las dificultades y carencias de estas administraciones pero aseveran que ello no les exime de la obligación de contestar al organismo.