El Gobierno realizó ayer un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstuviese de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advirtió de su disposición a más acciones legales.

El Ejecutivo afirmó que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Así, recalcó que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado ni por parte de administración pública alguna.

Los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes. Sanidad solicita a la consejería “se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual” que regula el aborto. 

Cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo. Añadió que, “en caso de haber sido esta ya adoptada, cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que decide abortar o no manifieste expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

En caso de que el requerimiento no sea atendido por la Junta, el Gobierno no descarta implementar acciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.