La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado este jueves que el Gobierno es "abiertamente abolicionista" de la prostitución y ha defendido la necesidad de contar con una legislación que penalice a quienes pagan por acceder al cuerpo de las mujeres y a toda persona que se lucre de ello.

"Para este Gobierno la prostitución es una forma de violencia y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas (...) Queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y que articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud", ha subrayado Redondo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género del Congreso de los Diputados, Redondo ha afirmado que es "imprescindible" sancionar la demanda de prostitución, castigar todo tipo de proxenetismo y volver a incluir en el Código Penal la tercería locativa, es decir, el castigo penal a quien gana dinero alquilando espacios donde las mujeres son prostituidas.

"Este es el camino para acabar con la execrable vulneración de derechos humanos de mujeres y niñas en el mundo", ha aseverado.

Redondo ha precisado que el grupo parlamentario socialista registrará una proposición de ley con esas medidas, al igual que hizo la pasada legislatura tras no alcanzar un acuerdo con su socio Unidas Podemos.
La portavoz del PP, Beatriz Fanjul, ha recordado a la ministra que ya se declararon abolicionistas en la pasada legislatura sin ningún avance, ha alertado del "nuevo y potente lobby de proxenetas" constituido en España y de su huella en una generación joven que en muchas ocasiones obvia que tras la prostitución hay coacciones, necesidad económica y violencia.

El anuncio de Redondo sobre la proposición de ley contra el proxenetismo no ha sido bien recibido por los partidos a la izquierda del PSOE y las formaciones nacionalistas e independentistas, que han recordado a la ministra que no existe consenso en torno a esta cuestión en el Parlamento.

Ante el radical mensaje de la ministra contra la prostitución, la diputada de Podemos Noemí Santana ha recordado las divisiones existentes en la izquierda y ha tendido su mano para alcanzar "un horizonte abolicionista, pero no prohibicionista". "No queremos que se pueda poner en peligro a las mujeres en contexto de prostitución", ha recalcado.

El portavoz del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha defendido que el problema de la prostitución es complejo y necesita un debate: "Si ustedes piensan que con el cambio de dos artículos del Código Penal o son ignorantes o son hipócritas", ha criticado.

En esa línea, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha descartado el punitivismo y ha trasladado a Redondo que para esa propuesta "tendrán que volver a mirar a la derecha", mientras que desde JxCAT, Pilar Calvo ha afirmado que la prostitución voluntaria no es trata y que la propuesta socialista "volverá a mandar a las mujeres a la clandestinidad" y las privará de espacios seguros.

Ante estas críticas, Redondo ha matizado que "abolicionismo no es prohibicionismo", que es imprescindible abrir un debate público en el Parlamento sobre la prostitución y que el 95 % de las mujeres en situación de prostitución lo están porque no tienen "otro remedio".

La titular de Igualdad ha reconocido que hay que ofrecer alternativas vitales a las alrededor de 60.000 mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y que eso va más allá de una legislación penal.
Este jueves en la Comisión de la Cámara Baja, Redondo también ha señalado que su ministerio trabaja "intensamente" en la ley integral contra la trata (que tampoco llegó a buen puerto en la pasada legislatura), con el objetivo de tenerla lista "lo antes posible", si bien ha matizado que se contará con la sociedad civil y entidades especializadas que trabajan con supervivientes.

La titular de Igualdad ha informado de que el Plan Camino, de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata y explotación sexual, ya ha atendido a más de 20.000 adultas y 700 menores en todo el territorio español.