Dos años después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la ley de eutanasia, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) lamenta la opacidad de la administración a la hora de aportar datos, aunque reconoce que el número de casos es mucho menor al que ellos mismos habían estimado. 
 

Las últimas cifras disponibles son de junio del año pasado, cuando el Ministerio de Sanidad dio a conocer que en el primer año de aplicación de a ley, un total de 180 personas habían ejercido su derecho a la eutanasia. Desde entonces, no se ha actualizado la cifra, aunque desde DMD estiman que pueden rondar las 300. El presidente de DMD, Javier Velasco, reconoce que la cifra es “mucho menor” de lo que ellos esperaban. Esta asociación, pionera en la defensa del derecho a la eutanasia en España, había realizado estimaciones en base a las cifras de los países nórdicos, donde esta práctica está legalizada desde hace años.
 

Así, antes de la aprobación de la ley calculaban que el 2 % de todos los fallecimientos serían por eutanasia. El porcentaje a día de hoy es de una de cada mil defunciones “y eso en las comunidades con más casos, pues en otras la cifra es diez veces más baja”.

Patologías

Lo que no sorprende a Velasco son las patologías predominantes: las enfermedades degenerativas como la ELA o la esclerosis múltiple, en las que la muerte de la persona no está próxima, muy por encima de las enfermedades oncológicas. Y señala como aspecto positivo el hecho de que en la mayoría de las comunidades autónomas se haya realizado ya alguna eutanasia a personas con patologías psiquiátricas, a pesar de las reticencias iniciales y de la “falsa idea” de que las personas con una enfermedad mental no están capacitadas para tomar esta decisión.
 

Los casos de eutanasias a enfermos psiquiátricos son escasos y para acceder a la ayuda es necesario contar, además, con un informe psiquiátrico, lo que supone una barrera más.
 

En cuanto a la polémica suscitada durante el debate de la ley sobre la objeción de conciencia de los sanitarios, Velasco indicó que el número de objetores no llega al 2%. “La objeción de conciencia es minoritaria y no supone ningún problema”, afirma.
 

Lo que sí puede resultar más problemático, indica, son los “objetores de conveniencia”, muchos de ellos médicos de familia que tienen una alta presión asistencial, no saben cómo tramitar el caso y no pueden liberar sus agendas para atender de la manera que se merece una solicitud de eutanasia.
 

Cataluña, País Vasco, Cantabria, Navarra, Asturias y Aragón son las comunidades que destacan en la aplicación de la ley, mientras que en el lado contrario están Madrid y Andalucía, esta última especialmente por las trabas a la hora de entregar la primera solicitud de eutanasia. De todas maneras, cabe mencionar que, una vez se supera este trámite, la Comisión de Garantía y Evaluación resulta diligente para aplicar la actual norma.