La dirección nacional del Partido Popular (PP) sostuvo que “no va a marcar la postura” de sus barones territoriales respecto al mecanismo de reparto de menores migrantes acordado entre el Gobierno y Canarias, y apeló a la “autonomía” de los Ejecutivos autonómicos, que “deberán defender sus intereses”.
Así lo trasladaron fuentes del PP este martes, coincidiendo con el inicio la ronda de contactos con los grupos parlamentarios emprendida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la reforma de la Ley de Extranjería, con el fin de establecer un reparto obligatorio para las regiones.
Desde el PP sostuvieron que la crisis migratoria debe ser resuelta por el Gobierno “con todas las comunidades” y en una conferencia sectorial. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, declaró ayer que “es lamentable que el Gobierno pretenda enfrentar a unas comunidades con otras y sacarlas del debate”, y exigió al Ejecutivo “poner medios materiales y humanos para atender la crisis migratoria”.
El PP forma parte del Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que acordó una reforma de la Ley de Extranjería con el Ejecutivo central, pero a su vez este pacto cuenta con la oposición manifiesta de Vox, que mantiene coaliciones con los populares en cinco regiones (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).
De hecho, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, dejó claro que su partido está “en contra” del reparto propuesto y que dicho rechazo “forma parte de los acuerdos de Gobierno con el PP” que Vox tiene.
Vox defiende que a los menores migrantes “hay que devolverlos a sus países de origen con sus padres”, y denuncia que Canarias “está absolutamente colapsada por la inacción del Gobierno”.
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, insistió en preguntar “qué va a hacer el PP” y si va a “asumir” el reparto en las regiones que gobierna. “No hemos escuchado ni una palabra”, subrayó López, al tiempo que indicó que con las acciones “se demuestra quién está con la solidaridad y quién habla solo de boquilla”.
Por su parte, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, coincidió en trasladar la responsabilidad al Partido Popular, señalando que las autonomías que gobierna “están diciendo que no” a lo pactado por Canarias y el Gobierno, y añadió que todo acuerdo debe “llevar de la mano la financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar ese servicio” de acogida.
Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez defendió que “España tiene que acoger a los menores en las mejores garantías” y que “se tienen que implicar todas las comunidades, no es solo una cosa de Canarias y de las comunidades del sur”.
El diputado de los comunes, Gerardo Pisarello, agregó que la acogida “no es un favor que se esté haciendo a los migrantes”, porque “hay una gran necesidad de mano de obra”.
Por último, la diputada de Compromís, Águeda Micó, acusó al presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), de hacer una “utilización demagógica” de esta problemática, y pidió un posicionamiento claro al PP.
A lo largo de la jornada de este martes, Torres y Clavijo se reunieron con representantes del Grupo Mixto, Podemos, PNV, ERC, Bildu, Junts y Sumar, y este miércoles concluirán su ronda de reuniones con los restantes grupos.