La pareja de Miguel Ángel González, el guardia civil natural de San Fernando (Cádiz) fallecido el pasado viernes en Barbate junto a otro agente de Barcelona, David Pérez, cuando fueron arrollados por una narcolancha, ha denunciado que su trabajo era, como miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), "rescatar personas" y que no se dedicaba a "ir detrás de narcos".
En una intervención en un programa de Canal Sur Televisión, recogido por Europa Press, Alba ha asegurado que su pareja "luchó para que por lo menos estuviesen en las condiciones que merecían estar" en materia de seguridad y que "no se merecía acabar así".
"No se merecía esto, ni él ni nadie, pero él en concreto no se merecía acabar así. Ese no era su trabajo, allí no había personal suficiente y mi pareja era Guardia Civil pero del GEAS. Se dedicaba a rescatar a la gente con vida o sin vida y no se dedicaba a ir detrás de narcos, ni tenía que estar ahí", ha contado visiblemente abatida por la muerte de su pareja.
Miguel Ángel fue condecorado a título póstumo con la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una insignia que Alba ha rechazado al considerar que "no deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido". "No queremos ninguna medalla... Se debería valorar el trabajo que hay allí, de toda la gente que hay allí luchando cada día sin medios, y que pague el que tenga que pagar", ha manifestado.
La madre de este Guardia Civil, Francisca María Gómez, ha relatado cómo su hijo le transmitía la falta de medios disponibles en la zona, dónde "sólo había diez guardias civiles de los GEAS y dos estaban de baja". "Me decía que los medios no eran los suficientes, que allí estaban muy desamparados", ha dicho, señalado que le contaba "la precariedad con la que trabajaba" pero "siempre como una anécdota" para "quitarle importancia y que no me preocupara".
Sobre las personas que aparecen en los vídeos que se hicieron públicos jaleando la actuación de los narcos contra los agentes y que la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, va a investigar, la madre del guardia civil les ha dicho que "ojalá nunca tengan que pasar por lo que estoy pasando yo" y que "o no tienen corazón o viven de lo que viven".
"No quiero entrar en política, ni quiero entrar en quién tuvo la culpa, ni en quién mandó la orden. Sé que hay quien tiene que presentar su dimisión. Y no solo uno, más de uno, porque tienen las manos manchadas de sangre de mi hijo", ha advertido.
Sobre su hijo ha explicado que sólo llevaba tres meses destinado en la Comandancia de Algeciras (Cádiz) pero que estaba "muy contento" y que "su sonrisa eterna y sus palabras de aliento siempre me van a acompañar", así como el último mensaje que le recibió de él, en el que le transmitió cuánto la quería.
Francisca ha asegurado no querer ser "protagonista de nada y menos en esta situación" y que "solo quiero ponerle voz a él, que se haga justicia y que se pongan los medios necesarios para que nadie nunca más tenga que pasar por lo que yo estoy pasando".
Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea declarar la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Estrecho como "situación de interés para la seguridad nacional" y autorizar así el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.
En un comunicado remitido a los medios este miércoles, el grupo parlamentario advierte de la "dramática situación" que viven las provincias costeras del sur de España y critica "la falta de voluntad y desidia" del Gobierno.
Vox, que ha pedido también desplegar a la Armada en las rutas migratorias hacia Canarias, denuncia el desmantelamiento de la unidad especial de lucha contra el tráfico de drogas OCON-Sur y destaca que desde hace años asociaciones y sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han alertado de la carencia de medios humanos y materiales en la zona sur.
Para paliar esta situación plantea recurrir a la ley de Seguridad Nacional, que permite declarar situación de interés para la Seguridad Nacional "aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes".