El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, aseveró ayer que la Xunta había dado los pasos necesarios para, si finalmente así lo decide, presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por las sentencias en contra del llamado decreto del plurilingüismo, pero negó que haya decidido presentarlo por el momento.

García afirmó en comisión parlamentaria que “la razón” que llevó a la Xunta a realizar dicho trámite, “de simple comparecencia, un paso preceptivo”, indicó, se debe a poder tramitar dicho recurso de casación, si así lo decide la administración gallega finalmente, por las sentencias emitidas por el TSXG contrarias al decreto del gallego.

Comisión parlamentaria

El secretario xeral compareció ayer ante la comisión cuarta, de Cultura y Educación, del Parlamento de Galicia para responder a una pregunta formulada por el diputado socialista Francisco Caamaño, quien pidió explicaciones sobre los motivos que llevaron al Gobierno autonómico a poder recurrir las sentencias del TSXG.

García, en su respuesta al exministro de Justicia, dijo que la Xunta tiene “la constatación” de que alguna entidad, como Galicia Bilingüe, había presentado dicho recurso y que otras, como la Real Academia Galega, lo estaban preparando.

Quedarse fuera

“La Xunta no puede admitir quedarse fuera de un proceso que otras entidades sí están dispuestas a seguir”, aseveró el representante del Gobierno gallego, al entender que “sería contrario a lo expresado por el pueblo gallego en las urnas y contrario a lo que dicen las propias sentencias, que no derogaron el decreto”.

Recordó que ocho sentencias emitidas por el TSXG “apoyan un modelo de equilibro” lingüístico que el actual Gobierno gallego impulsa desde el año 2009 y que se concretó en el decreto del plurilingüismo.

“Ninguna sentencia cuestionó la legalidad del decreto”, dijo García, y afirmó que el elaborado por el actual Ejecutivo autonómico es el primer decreto de la lengua que se somete a la consulta del Consello da Cultura Galega. “Las sentencias avalan el 95% del cuerpo del decreto, por lo tanto hay equilibrio”, señaló.

En su intervención, Valentín García abogó por alcanzar “un acuerdo político”, y recordó que en el discurso de investidura el presidente Alberto Núñez Feijóo realizó una “oferta de mano tendida” para sacar a la lengua gallega del debate político.

“La Xunta tendió la mano para que se respete lo que dicen las sentencias, y esto no es contradictorio para que, de forma simultánea, se siga el procedimiento en el ámbito judicial”, dijo García.

Un camino, agregó, al que “tampoco habría que tenerle miedo, porque supondría el agotamiento de la vía judicial y la constatación definitiva por parte del Tribunal Supremo en asuntos muchas veces jurídica y socialmente muy sensibles”.

El socialista Francisco Caamaño indicó que desde el punto de vista judicial no se sostiene el recurso de casación al decreto de la lengua gallega, “salvo por cuestiones políticas”, aseveró quien fuera ministro de Justicia.

El exministro señaló que si el Gobierno gallego recurre es que “entiende que el TSXG, o vulneró algún artículo de la legislación estatal y no se ajusta a derecho, o vulneró algún elemento en el procedimiento”.

Según Caamaño, “con la ley en la mano” la Xunta “no puede fundamentar” en ningún caso el recurso de casación.