La delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, pidió ayer al Gobierno central que retire el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que considera que “puede haber acuerdo” y no basarse en “requisar fondos de ayuntamientos”. 

En estos términos se expresó Levy, desde la Plaza Mayor, tras reunirse con hosteleros de la capital. En este sentido, la delegada madrileña preguntó “por qué el Gobierno ha montado este lío con ayuntamientos de todos signo” y quiere “requisar ahorros”.

Asimismo, Levy indicó que el Consistorio madrileños prefiere “que estos 420 millones de remanente se destinen a política social de los madrileños y no a ingeniería social”. “Los ahorros de vecinos han de ser para sus necesidades, porque son la administración más cercana”, añadió  a continuación.

“No entendemos para qué el Gobierno quiere requisar estos ahorros que son de los vecinos y por qué hay discordia cuando puede haber acuerdo. Por ello pedimos que se retire el decreto. Puede haber acuerdo y el PP quiere estar, puede estar”, concluyó.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda pidió al Gobierno del Estado que modifique la Ley de estabilidad presupuestaria, conocida como “Ley Montoro”, para que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes, y censuró al presidente de la FEMP, Abel Caballero, por provocar un “desencuentro” entre los regidores y “romper el consenso” en este organismo. 

La FEMP aceptó la propuesta del Ministerio de Hacienda con el único apoyo del PSOE y el voto de calidad de Caballero, así como con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns. Este documento, rubricado la semana pasada por Caballero y Sánchez, establece una aportación de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que presten sus remanentes al Gobierno, que se los deberá devolver a partir de 2022 en un plazo de diez años, si bien la publicación en el BOE apunta que este podrá dilatarse hasta 2037. 
A preguntas de los medios, Rueda defendió la utilidad de la norma en su momento al permitir que muchos ayuntamientos “mejoraran mucho su situación económica” y que a día de hoy las arcas locales tengan “ahorros”. “Nosotros creemos que la Ley Montoro fue muy necesaria en un momento en el que la situación económica demandaba que se tomaran ese tipo de medidas”, indicó ayer Rueda.

A pesar de ello, puntualizó que “ahora es un momento diferente” y que, del mismo modo que se están modificando otras leyes “sin ningún problema” el Estado también debería hacer lo mismo con la citada norma. “No sabemos por qué están diciendo que no se puede cambiar bajo ningún concepto y hay que recurrir a estas soluciones cuando cambió otras normas del Gobierno anterior del Partido Popular sin ningún problema y de un día para otro”. “Aquí hay algo más que no nos quieren contar, está claro”, añadió.

Rueda se refirió así a las declaraciones de Sánchez en las que se mostró dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos el decreto ley que recoge el acuerdo con la FEMP sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos.

Rueda recordó que ese “desencuentro” fue “provocado” por Caballero tras “romper el consenso” en el seno de este órgano.