La “pérdida de confianza” del gobierno municipal es, a ojos de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), motivo suficiente para justificar el cese de un puesto de libre designación como es el de jefe de la Policía Local. Con esta conclusión, el alto tribunal gallego acaba de desestimar el recurso presentado por quien ostentó este cargo hasta su cese en diciembre de 2011, Antonio Alfeirán, contra los acuerdos municipales por los que fue apartado del puesto y trasladado de forma provisional a un despacho de las dependencias municipales de la estación de autobuses para la realización de un estudio del Plan de Movilidad Urbana.
Frente a los argumentos del superintendente, la sentencia se remite a los informes en los que el responsable de Seguridad, Julio Flores, exponía las premisas esenciales para el mantenimiento de esa confianza y razonaba la decisión del Ayuntamiento respecto al jefe del 092, “al no concurrir la identificación y el compromiso con las líneas, directrices y política del teniente de alcalde concejal delegado de Seguridad y Movilidad”.
En aquellos documentos, Flores apostillaba que ese compromiso requerido a este cargo debía incluir “la atención esmerada a los principios esenciales de jerarquía y subordinación propios de los cuerpos de Policía Local para con sus superiores”, en relación al teniente de alcalde y al director de área, esto es, él mismo y, en aquel momento, Germán Lago. Sobre esta cuestión, el tribunal da cuenta de los documentos donde, señala, quedan muestras de los “varios desencuentros” que enfrentaron al anterior jefe de la Policía Local con sus superiores un mes antes de su destitución, con ocasión de la petición de informe sobre la concesión de grúa y ORA y en relación con la convocatoria de la Junta de Seguridad. “La propia documentación aportada por el actor con la demanda evidencia algunos desencuentros habidos por el señor Alfeirán y sus superiores en noviembre de 2011 (...) lo que refuerza la apreciación de pérdida de confianza como justificativa del cese”, razonan los magistrados.

sanción encubierta
Fijada la legalidad del cese, la sentencia se dedica a analizar la alegación que Alfeirán esgrimía por supuesta “desviación de poder”, en relación a las nuevas atribuciones que se le encomendaron a su salida de la jefatura del 092 y por su destino en la estación de buses, “unas dependencias –valoraba– ajenas a la Policía, sin mando sobre nadie y vetadas sus relaciones con el resto del cuerpo”.
Pero tampoco en esta cuestión da la sala de lo contencioso administrativo la razón al recurrente. Si este señalaba que con el traslado, el Ayuntamiento “buscaba sancionar a quien, por considerarlo afín al anterior gobierno, debe purgar el pecado de haber servido con lealtad y profesionalidad al gobierno de turno”, el alto tribunal gallego opone que la ubicación es congruente con sus atribuciones en el Plan de Movilidad, por situarse en el mismo recinto el departamento municipal de Tráfico y Movilidad.
“Lo que no tiene justificación –establece el dictamen de la sala de lo contencioso, fechado el pasado 24 de abril– es equiparar tal ubicación a una sanción encubierta de separación del servicio (...) pues el demandante continúa desarrollando su cometido (aunque no sea de su gusto) y percibiendo en su integridad las retribuciones correspondientes a su categoría, lo que no sería factible en caso de haber sido sancionado”. n