Arteixo podrá cobrar el impuesto por el uso privativo especial de dominio público. Una tasa que supondrá, en total, más de 100.000 euros y que, aunque fue aprobada en octubre del 2014, el Ayuntamiento esperó a tener sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para poder cobrar el mismo.
Fue Gas Galicia quien, después de alegar, decidió llevar a los tribunales el articulado municipal. Entendía la empresa que las tarifas aplicadas “en ningún caso son acordes con los requisitos legales exigidos”. En este sentido, aducía que se gravaba dos veces un mismo uso.
Sin embargo, los magistrados no lo ven así, puesto que la ley estatal establece que las cargas reguladas en la ordenanza “son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local”.
Es decir, los jueces le dan la razón a Arteixo al entender que la protesta de la distribuidora se sustenta en gravar dos veces lo que a juicio de la sala son dos tasas diferentes. Una, “modalidad especial, a las empresas explotadoras de servicios de suministros que resultan de interés general (...) y otra, aplicable a todos los demás supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público”.
Aunque, según el Gobierno local, la intención es cobrar a las empresas eléctricas, de gas o de telecomunicaciones la tasa del año pasado y de este, también explican que contra el auto cabe recurso de casación.  

Sesión
El alcalde, Carlos Calvelo, dará cuenta de esta sentencia en la sesión plenaria de hoy. Debido a los festejos navideños, y que el último jueves de mes cae en día 31, el Gobierno local decidió adelantar la sesión ordinaria a hoy.
No será la única sentencia que trasladarán al resto de concejales y sobre la que tendrán que votar. Como segundo punto del orden del día, los concejales también decidirán sobre la apelación al listado de acreedores en el concurso ejecutado para disolver Augarsa.
Explicaba hace unos días Calvelo, que en la empresa mixta tenía dinero suficiente para pagar a los proveedores. Con ello, quedarían como únicos acreedores los dos socios de la compañía: Aqualia y el Ayuntamiento.
La parte privada perdería 2,04 millones de euros, mientras que la administración municipal, 2,9 millones de euros. “Sabíamos que no íbamos a sacar nada”, afirmaba entonces Calvelo.
En este sentido, el mandatario exponía que el contencioso realmente importante para el erario es el de la indemnización. El Ayuntamiento solicitó vía judicial a la empresa 29 millones de euros al entender que hubo una mala gestión por su parte. De momento, Aqualia ha tenido que depositar 14 millones en el juzgado como aval.