Un juez federal en Estados Unidos congeló este martes por la noche la retirada de cargos criminales ordenada por el Departamento de Justicia contra Michael Flynn, el primer asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

El magistrado, Emmet G. Sullivan, con tribunal en el Distrito de Columbia, argumentó que individuos u organizaciones pueden personarse contra la retirada de cargos, un proceso que probablemente incluya una audiencia. Sullivan afirmó que impondrá plazos para dicho proceso “en su debido momento”, dejando así en suspenso la decisión tomada la semana pasada por el Departamento de Justicia bajo las órdenes de Trump.

El de Flynn fue uno de los casos más importantes que surgieron de la investigación sobre la llamada trama rusa encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, que concluyó en 2019 tras presentar cargos contra tres decenas de personas pero sin pruebas de una presunta conspiración electoral entre el entorno de Trump y Rusia. Flynn, un general que asesoró a Trump en política exterior durante su campaña electoral, duró apenas 24 días como asesor de seguridad nacional del mandatario una vez que este llegó al poder en enero de 2017.

Renunció a sus cargos

El general tuvo que renunciar a su cargo tras conocerse que mintió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak.

A finales de 2017, Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con Kisliak, pero después retiró esa declaración y trató de combatir los cargos, mientras sus abogados argumentaban que hubo negligencia entre los fiscales e investigadores que lanzaron el caso. En un documento presentado el pasado jueves, el Departamento de Justicia alegó que, tras revisar “información recién descubierta”, concluyó que la entrevista que el FBI hizo a Flynn en febrero de 2017 “estuvo desconectada de la investigación del FBI” sobre ese funcionario y “fue injustificada”.

Trump celebró la noticia desde el Despacho Oval, donde confió en que “mucha gente pague un alto precio” por cómo gestionaron el caso, en referencia a los fiscales y agentes del FBI que iniciaron la investigación en los últimos días del Gobierno de Barack Obama.