Incapaz para resolver situaciones complejas que se le puedan presentar en la vida o valorar la extensión de las agresiones que dispensaba. En estos términos describe la Fiscalía las capacidades intelectuales de una treintañera vecina de A Laracha llamada a juicio el próximo mes, acusada de maltratar de forma continuada a una hija discapacitada a la que cuidaba, junto a otros dos hijos, y de desatender sus necesidades básicas, como higiene y alimentación.
El escrito de acusación, donde se pide la pena de cinco años y diez meses de prisión y la pérdida de la patria potestad respecto a la menor (hoy tiene 13 años) durante 25 años, reconoce que también ella padece un retraso mental “leve” que le afecta en sus capacidades. De hecho, en sus conclusiones admite que la mujer actuó en un contexto de “enajenación mental”, aunque también movida por la “alevosía”.
Las agresiones que serán objeto de juicio en penal 5 las encuadra el fiscal entre los años 2010 y 2012, justo en el momento en que pasó a cuidar “en exclusiva” a sus tres hijos, tras la muerte de su madre y el abandono del hogar de su padre. Según señala, ni siquiera recibía “excesiva ayuda” de su pareja (padre de sus hijos menores) debido a sus horarios laborales. Hasta entonces, sostiene el fiscal, “pudo sobrellevar el trabajo que suponía el cuidado de dos niños de corta edad y una niña con problemas”, un retraso psicomotor y sobre todo intelectual, que la convertían en una pequeña “inquieta, con importantes déficits de atención”.

con la escoba
El primer episodio de malos tratos que se detecta lo fecha la Fiscalía en diciembre de 2010 y en mayo de 2011, la Xunta activó el protocolo de protección, que fue acogida en un centro de menores. Entretanto, el escrito de acusación habla de “al menos” cuatro agresiones físicas a la menor, algunas de ellas con una escoba, si bien reconoce que este trato era “habitual”.
Para el caso de resultar condenada, e fiscal solicita que se imponga a la mujer, junto a la pena de cárcel, la prohibición de acercarse a más de 500 metros del domicilio donde resida su hija o de comunicarse con ella hasta que esta cumpla 38 años. También, para el caso de que recaiga sentencia condenatoria, reclama una indemnización de 30.000 euros en favor de la niña.