El vertido que en marzo de 2004 mató a más de 250 truchas en el río Arteixo, entre el lugar de Troitín y Boedo, llega el próximo 4 de diciembre a juicio y puede costarles penas de cárcel e inhabilitación al director gerente, el jefe de obra y el director de calidad y medio ambiente en la UTE que desarrollaba las obras de las que salieron los lodos tóxicos.

Fue, según detalla el fiscal en su escrito de acusación, durante las obras de la denominada “Variante de Bregua” para construir un túnel de ferrocarril del Eje Noroeste de Alta Velocidad (el AVE gallego) en la parroquia de Veiga, Culleredo, y se debió, según esta misma fuente, a las insuficientes medidas de seguridad adoptadas por las empresas implicadas para evitar la contaminación del río.

Las aguas sin depurar contenían metales pesados y mataron a 258 truchas

Tal como describe el informe provisional de la Fiscalía, para la construcción de aquel túnel se empleaba una máquina de barrenar que se refrigeraba con chorros de agua y para el revestimiento de su bóveda, una máquina de proyectado de hormigón mezclado con aluminato sólido, que es un acelerante del fraguado considerado corrosivo.

La obra disponía también de una balsa de decantación a la que iban para su decantación las aguas residuales generadas como consecuencia de las filtraciones naturales del terreno, las de refrigeración de las barrenas de la perforadora y partículas de polvo de roca y del cemento proyectado en la bóveda del túnel.

VACIADO DE LA BALSA

Pero, como observa el Ministerio Público, el sistema resultó ineficaz para decantar todos lo residuos generados en el túnel y tampoco había un lugar habilitado para el vaciado de los lodos generados en la balsa. “Además, resultaba ineficaz porque los acusados no dieron órdenes ni adoptaron las prevenciones para que se vaciasen los lodos”, censura el fiscal.

Así explica lo ocurrido el 24 de marzo de 2004, momento en el que la balsa se saturó y vertió al río sin ninguna depuración lodos “tóxicos y peligrosos”, que superaban la concentración permitida de metales pesados.

Para el representante de la acusación pública, el accidente y la contaminación que generó constituye un delito contra el medio ambiente por el que solicita para los acusados, además de año y medio de cárcel para los encausados, la inhabilitación profesional durante un año y nueve meses y multas por valor de 9.000 euros.