El Ayuntamiento de Sada tiene encima de la mesa una nueva reclamación patrimonial. Se trata de la empresa Promociones urbanísticas Osedo SLU, que le pide al consistorio una suma de 95.120 euros por la anulación de una licencia que fue concedida en el año 2005.
El ejecutivo municipal que preside Ernesto Anido se quejó en primer lugar de que esta reclamación sea “consecuencia de la anulación judicial de licencias urbanísticas concedidas por anteriores gobiernos locales”, en este caso el último que dirigió Ramón Rodríguez Ares, ya con el PDSP.
Lo que pide la citada promotora es en concepto de responsabilidad patrimonial por la concesión, señala el Ayuntamiento, de un permiso municipal para la construcción de un total de 42 viviendas en el Tarabelo. 
Una licencia, recuerdan, que fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña en 2011 y cuya sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), algo que ocurrió al año siguiente, en 2012.

facturas de los proyectos
La reclamación llega en base a las facturas correspondientes a los proyectos básico y de ejecución de edificios y garajes que fueron autorizados por la licencia de obra que se otorgó hace nueve años. 
El gobierno local tiene para todos a este respecto, ya que carga contra el PDSP por haber concedido la licencia y contra el BNG –que presidió el gobierno local entre 2007 y 2011–, que “tras la demanda” que interpuso por esta situación irregular, no buscó, dice Anido, “soluciones para los afectados”, ya que ni siquiera, añade, “pidió responsabilidades a los responsables”.
El Ayuntamiento reitera que lamenta que esta reclamación se sume “a otras” como consecuencia de esas decisiones en el ámbito urbanístico de carácter “irresponsable” en los gobiernos anteriores en Sada.

cosas en común
“Todas tienen en común haber sido tramitadas durante el mandato del PDSP, con el mismo concejal de Urbanismo, proyectadas por el mismo arquitecto y anulación de licencias por demandas presentadas por el BNG”, subraya el consistorio en un comunicado.
Asimismo, en cuanto al total de las reclamaciones por temas urbanísticos que han llegado al consistorio, el gobierno local asegura que el importe “equivale al 75% del presupuesto anual del Ayuntamiento”, lo que supone, dicen, “una amenaza para las arcas municipales, que se nutren de los impuestos de los sadenses”. Una etapa, aquella de Rodríguez Ares, que concluye calificando de “horribilis”. n