Manuel Bouza Dopico ganó, tras doce años de lucha, la batalla que inició tras la muerte de su hijo, Óliver Bouza, a manos de su esposa, que después se quitó la vida.

La tragedia ocurrió el 20 de marzo de 2000 en Narón, pero, tal y como señala el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “el fatal desenlace se venía anunciando desde hacía tiempo”.

Óliver Bouza, menor de edad, padecía un trastorno grave de tipo agresivo, motivo por el que la Consellería de Familia había asumido su guarda, toda vez que los informes de diferentes técnicos desaconsejaban que viviera con sus padres, ante el peligro que ello representaba.

Tras varios internamientos en diferentes centros, la Xunta levantó la medida de guarda, entregando el menor a sus progenitores, bajo el argumento de que las circunstancias habían variado y la administración autonómica no disponía de una instalación adecuada para él.

Poco tiempo después, la madre acabó con la vida de su hijo y después se suicidó.

El padre emprendió entonces una batalla judicial que dio como resultado una primera sentencia que desestimaba su reclamación patrimonial y en la que incluso se le culpaba de no haber colaborado en el cuidado del hijo.

El fallo fue recurrido y el Tribunal Supremo lo anuló. El Superior de Xustiza pidió entonces a la Xunta, una explicación sobre las causas por las que se devolvió la custodia a los padres. No obtuvo respuesta.

Después de esto, el Tribunal gallego estimó que “la administración viene obligada a satisfacer (a Bouza), en concepto de daño moral por la pérdida de su esposa y su hijo, la cantidad de 36.000 euros”.