El Ayuntamiento reactivará la revisión de oficio de uno de los seis pisos que fueron comprados por la Marea Atlántica para alquiler social después de que el anterior procedimiento caducase tras sobrepasarse el tiempo máximo.

La vivienda en cuestión es un tercero situado en el número 30 de la calle de la Barrera y por la que el Gobierno local pagó 69.230 euros. Ahora, los actuales responsables de María Pita quieren continuar con la investigación para concluir lo que se debe hacer con este piso.

El anterior proceso de revisión de oficio se inició el pasado 22 de marzo y caducó seis meses después, en septiembre. Al no estar resuelto por completo, los sucesores de la Marea abren este nuevo plazo de seis meses con el que se espera concluir si se debe anular la compra.

El problema con este piso residía en que no contaba con el número de huecos de luz a la calle suficientes, una de las exigencias técnicas incluidas en las bases de la convocatoria.

La revisión de oficio se inició después de que el expediente fuese remitido al Consello Consultivo, organismo que dictaminó que se apreciaban causas de nulidad. Ahora se incorporarán los informes emitidos por la asesoría jurídica y se abrirá un plazo de alegaciones a las interesadas, que en un primer momento ya había presentado reclamaciones contra la investigación.

Finalmente, una vez que el Ayuntamiento emita su resolución definitiva posterior al estudio de las posibles alegaciones, el Gobierno local tendrá que volver a enviar el expediente con sus conclusiones al Consello Consultivo para su dictamen. El plazo máximo de resolución para este procedimiento es de seis meses.

Más casos

Esta vivienda puede unirse a otras cuatro cuyas compras ya fueron declaradas nulas por diversos motivos que suponían el incumplimiento de las bases del concurso que puso en marcha la Marea Atlántica durante el pasado mandato, dos de ellas a un afín a la formación.

El anterior equipo de gobierno invirtió 318.255 euros en la adquisición de seis viviendas cuya finalidad era destinarlas a alquileres de carácter social para colectivos vulnerables. El Ayuntamiento reservó en el anterior mandato un millón de euros para este programa y que apunta a terminar solo con una vivienda adquirida.

Los problemas surgidos en torno a este proceso provocaron uno de los conflictos más graves a los que tuvo que enfrentarse el gobierno de la Marea y todavía está pendiente de cerrarse. Actualmente falta por conocer si los vendedores de las viviendas cuyas compras fueron declaradas nulas posteriormente devolverán el dinero que les pagó el Ayuntamiento o cuál será el desenlace de este asunto.

El Partido Popular llegó a llevar el asunto a la justicia por la participación en el proceso de los concejales Alberto Lema y Xiao Varela, aunque la denuncia no fue admitida y no tuvo consecuencias para ellos.