La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunció ayer la imposición de una sanción a Albada de 50.000 euros por la acumulación de residuos del pasado verano en la planta de Nostián.

La empresa que gestiona la planta de tratamiento de residuos llegó a acumular más de 12.000 toneladas de rechazos –basura que no se puede reciclar– en una zona destinada a ello y otras partes de la instalación después de que no pudiese continuar llevándolos al vertedero de Grixoa, cerca de Santiago.

Debido a esta situación, la empresa se enfrentaba a una sanción de entre 20.000 y 200.000 euros tras la apertura de un expediente por falta de carácter grave por parte de la Administración autonómica.

“Hai unha sanción interposta de 50.000 euros e o que pedimos ó Concello da Coruña é que canto antes arranxe esa situación”, explicó la conselleira en Cope Coruña en relación a la intervención temporal a la que está sometida la planta de residuos.

La representante del Gobierno autonómico explicó que esta sanción se produjo “polo ben dos traballadores e polo ben medioambiental dos veciños, que non poden soportar os lixiviados que se viñan producindo nos últimos meses”. Además, la titular de Medio Ambiente apuntó que es necesario poner a la ciudad “á vangarda na xestión de residuos”.

En este sentido, destacó el funcionamiento de la planta de Sogama, una de las alternativas que se ofreció al Ayuntamiento para el traslado de los residuos acumulados en Nostián. “Sogama é a mellor solución para xestión de residuos, referente a nivel europeo porque cumplimos todo o que esixe Europa”, aseguró la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalmente, a finales de agosto se cerró un acuerdo para llevar los residuos, unas 12.000 toneladas, a un vertedero en Sobrado dos Monxes. Para completar el trasvase se necesitaron varios meses y cerca de medio millar de camiones.

Esta situación se produjo meses antes de que el pasado 31 de diciembre finalizase el contrato de gestión la planta. Ante la amenaza de Albada de no gestionar la basura procedente del área metropolitano y de despedir al 40% de la plantilla, el Ayuntamiento intervino la instalación.