El convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Interior y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios sobre la propiedad de los terrenos de la antigua cárcel provincial estorba al actual Gobierno municipal. La Marea quiere recuperar la parcela de la antigua prisión, pero el acuerdo le obliga a abonar 1,2 millones para hacerlo y no se puede anular unilateralmente, según sentenció recientemente la Audiencia Nacional. Pero, aunque recurrirá la sentencia y considera que el acuerdo fue injusto, Ferreiro ya ha anunciado que, por el momento, no exigirá responsabilidades a los responsables de firmarlo. El acuerdo lleva la rúbrica del ex alcalde, Francisco Vázquez. “Aínda é un pouco cedo para iso”, señaló el regidor.
Ferreiro entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional “perxudica os intereses municipais e os da cidadanía”. El terreno en el que se asentaba la prisión provincial, situada en la periferia del barrio de Monte Alto, pertenecía originalmente al Ayuntamiento, que lo donó para construir esta infraestructura.
 Para el alcalde, una vez que el cometido para el que se cedió la parcela se ha extinguido, “o normal é a reversión” a la titularidad municipal, sin que el Gobierno municipal tenga que pagar una suma al Ministerio de Interior. Ferreiro puso como ejemplo la cesión de los terrenos de la Fábrica de Tabacos, unas parcelas “que o Concello cede para xulgados, e que, o día que non haxa xulgados alí, se terá que devolver ao Concello”.

nulidad del convenio
El regidor reiteró que el Gobierno municipal recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, como ya se anunció el pasado martes. Desde el Ayuntamiento “pelexaremos para asegurar que o terreo revirte sen esa carga de máis dun millón de euros”, prometió.
Según el acuerdo, que firmó el exalcalde Francisco Vázquez en el año 2005 para recuperar los terrenos de la antigua cárcel, el Ayuntamiento debía ceder al Ministerio de Interior unas parcelas y compensarle con 1,2 millones de euros en metálico por la diferencia de valor entre ambos terrenos.
El Ayuntamiento se negó a pagar la suma y declaró nulo el convenio. Pero la Audiencia Nacional entiende que este es un contrato de permuta, no un “acto administrativo”, por lo que dejó sin efecto la nulidad, que entiende como un “fraude jurídico”.