El Partido Popular reclamó ayer al Gobierno local que asuma los gastos de los vecinos, comerciantes y hosteleros afectados por los cambios de denominación y numeración de las calles, una propuesta tumbada por el voto en contra de la Marea y el BNG.
La edil popular Lucía Canabal señaló que los comercios tienen que cambiar carteles o membretes y modificar el CIF. El coste, de acuerdo con comerciantes consultados por el PP, es de aproximadamente 600 euros. El PP acepta que haya que cambiar los nombres de calles debido a la Ley de Memoria Histórica, pero señala que los ciudadanos no deberían asumir “las consecuencias económicas”.
El concejal de Culturas, José Manuel Sande, señaló que cuando se cambió el nombre de la calle Javier López López no se habilitó ninguna partida. Al PP, consideró Sande, no le importan “as incomodidades que sufra a cidadanía” y relacionó los orígenes del Partido Popular con el franquismo.
El BNG votó en contra, señalando que el cambio de calles por la Ley de Memoria Histórica, “molesta” al PP. “Non hai por que habilitar ningunha axuda económica”, afirmó la edil nacionalista Avia Veira.
El edil socialista José María García optó por la abstención, señalando, en relación a la moción popular, que es “una frivolidad que saquen este punto a colación”, tras no aplicar la Ley de Memoria Histórica durante su mandato, y no asistir a “ningún acto” de cambio de nombre.
VIVIENDAS VACÍAS
El PP pidió al Ayuntamiento que se adhiera al programa de Vivendas Baleiras de la Xunta, con el que el Gobierno autonómico financia un seguro multirriesgo y uno de impago para los inquilinos que alquilen a miembros de colectivos vulnerables o desahuciados. Según el PP, los desahucios “grandes problemas” de la sociedad, y esta medida ayudaría a que los arrendadores aceptasen a los afectados.
El PSOE apoyó la moción popular. La edil socialista Eudoxia Neira señaló que es necesario “dar una respuesta” cuando el país atraviesa una crisis económica, aunque señaló que durante el gobierno del PP “no se debatieron” las mociones relacionadas con los desahucios, o “no se hizo absolutamente nada”.
La edil Silvia Cameán afirmó que la culpa de los desahucios no es de la crisis, sino de las “políticas públicas” de populares y socialistas, y consideró que la Xunta propone el programa porque este es un año electoral. La Marea presentó una enmienda el Gobierno local contemple adscribirse al programa en vez de hacerlo directamente, y, cuando no se aceptó, se abstuvo. Al igual que Veira, que consideró “insólito” que el PP presentara esa propuesta, después de impedir con su voto otra moción para “evitar os desfiuzamentos”.