El Ayuntamiento informó ayer del pago que acaban de ordenar para hacer frente a una sentencia judicial al respecto de unas obras que fueron contratadas entre 2002 y 2007, durante los gobiernos de Ramón Rodríguez Ares.
Desde el gobierno local, que no facilita el fallo judicial, recuerdan que se trata de unos trabajos para la dotación de servicios y pavimentación peatonal de bajada al puerto de Fontán, la canalización de pluviales desde el puente y la reparación del muro de mampostería también en Fontán.
En esa sentencia se indica que las obras, efectivamente, fueron ejecutadas, pero fueron contratadas de manera verbal, sin un contrato firmado de por medio, “al margen de todo procedimiento administrativo, en forma totalmente irregular y vulnerando los requisitos legales para contratación de obra pública”, afirmó ayer el consistorio.
De ese pago de 100.648,84 euros que se pagan ahora a la empresa constructora López Cao, prácticamente la quinta parte, en concreto 19.890,2 euros, corresponden a los intereses generados por la demora en el abono de las obras.
No obstante, el Ayuntamiento se oponía a afrontar esa cantidad, ya que argumentaba en este sentido que, de pagarlo, “se estaría premiando la vulneración de los requisitos legales para contratar obra pública y que, como recoge la sentencia, no es un contrato formalizado ni adjudicado en legal forma”.

críticas al pdsp
Como no podía ser de otra manera, el gobierno local presidido por Anido aprovechó para volver a cargar contra la política urbanística de Rodríguez Ares y de quien fue entonces concejal de Urbanismo, Emilio Gómez –responsable de Obras con el propio Anido entre 2011 y 2013–.
“Los tribunales sancionan una vez más al Ayuntamiento de Sada por haber realizado contrataciones verbales”, insisten desde el consistorio, que subrayan que estas decisiones de aquel ejecutivo se tomaron “completamente al margen de la legalidad administrativa” durante la etapa del PDSP.
Unas contrataciones, insisten, “que fueron el método habitual por parte del alcalde Rodríguez Ares y del concejal de Urbanismo de aquella época” y que todos los sadenses, añaden al respecto, “pagan para cumplir las sentencias que condenan” todas esas prácticas que califican, una vez más, de “ilegales”.

casi un millón
El gobierno local de Anido recordó, a raíz de este nuevo pago a la empresa López Cao, que esta constructora continúa recibiendo grandes cantidades procedentes de las arcas municipales a cuenta de sentencias como la que se acaba de ejecutar.
En total, cifraron en “más de 850.000 euros” lo que se han de abonar a la citada empresa con motivo de decisiones judiciales a costa de las contrataciones que se le hicieron, una cantidad que ya se ha hecho frente en 660.758 euros de principal y 54.891 de intereses.