Lo que Federico de la Fuente, expresidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) llevaba años haciendo con el consentimiento de sus superiores en el Ayuntamiento salió a la luz por dos circunstancias puntuales.

Un informe jurídico interno rechaza la inspección municipal de las cuentas

El gobierno local comenzó a sospechar de que se estaban produciendo supuestas irregularidades a raíz de una denuncia presentada en el Registro Municipal por dos voluntarios de la AVPC, en la que reclamaban 16.000 euros (10.000 uno y 6.000 el otro) por deudas contraídas con ellos por De la Fuente.

EXCESIVO

Las cantidades llamaron la atención por excesivas y se comenzó a investigar el origen de la deuda. Mientras, Cruz Roja también se dirigió al Ayuntamiento, pero en este caso para interesarse por el procedimiento para facturar los servicios particulares a entidades privadas fuera del municipio.

Protección Civil se había quedado solo con una de las dos ambulancias que manejaba y, ante la obligación de mantenerla en el servicio de vigilancia de playas, le traspasó a Cruz Roja alguno de los servicios, como el apoyo a un club privado de tiro en Arteixo.

Aunque Cruz Roja renunció a cobrar el dinero, y lo siguió ingresando Protección Civil en una cuenta a la que solo tenía acceso Federico de la Fuente, se dirigió al Ayuntamiento para conocer el procedimiento de facturación.

De la Fuente asegura que todo ese dinero se reinvertía en material para la APVC, en dietas para los voluntarios o en comidas que se organizaban para agradecer el trabajo especial de los jóvenes.

En su defensa, De la Fuente se pregunta por qué ninguno de los superiores que tuvo durante la etapa en la que el PSOE gobernaba en María Pita le había advertido de que lo que estaba haciendo podía ser incluso constitutivo de delito. Cita a todos los concejales que tuvieron responsabilidad sobre Protección Civil, entre ellos Pilar Valiño, Esteban Lareo, José Nogueira o Florencio Cardador.

Además, ha mostrado un informe emitido por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y firmado por su director, Alfonso García Magariños, en el que se concluye que no cabe una inspección “genérica e indiscriminada” sobre las actividades de la APVC más allá de las que realicen con fondos públicos. “Este informe –alega De la Fuente– se emitió tres o cuatro días antes de que me abriesen expediente”. n