La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña en el marco de la operación “Torre”, que inicialmente se centró en los ejercicios 2010 y 2011, con Gobierno socialista, se retrotraerá a anualidades anteriores, incluida la última etapa del mandato del popular Juan Juncal.

En el informe elaborado por la UDEF se planteó al juez instructor, Alejandro Morán Llordén, la emisión de mandamientos judiciales dirigidos al Ayuntamiento de Ferrol para que, por quien corresponda, se realice un informe al respecto.

albanese

En concreto, se piden explicaciones sobre contratos y facturas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2011, ambos inclusive. Entre otras, se detallan doce facturas de la empresa Albanese –la principal investigada– todas ellas con diferentes fechas de diciembre de 2005 y bajo el concepto de “trabajos realizados en obradoiro San Felipe”. Otro paquete tiene fechas de julio de 2006 por “suministro para reparación en los edificios municipales” y un tercero de mayo de 2006, por “Trabajos de reparación en edificios municipales”.

Al mismo tiempo, el juez solicita del ayuntamiento información sobre la contratación del Servizo de Mantemento de Infraestructuras para los años 2010 y 2011. A este respecto, la UDEF hace constar que se produjo una aminoración del contrato de 200.000 euros argumentando que se iban a utilizar con el fin de contratar la limpieza y desbroce de viales, por falta de crédito en la partida correspondiente, motivo por el que la Policía pide un informe que determine si se produjo esa aminoración, qué personas la solicitaron y la autorizaron, así como quién fue la adjudicataria y, en caso contrario, a qué se destinaron los 200.000 euros.

En otro orden de cosas, en el informe de la UDEF que dio origen a las imputaciones se recogen también conclusiones provisionales sobre lo investigado.

Así, en base a la documentación analizada –la intervenida en los registros en el Ayuntamiento y Albanese, así como la referida a Sanmartín– se señala que “no se observan irregularidades administrativas claras que induzcan a pensar en la existencia de un dolo para amañar las contrataciones, por lo que, ante la imposibilidad de cotejar lo analizado con alguna medida previa al operativo policial de registro, se concluye que no se ha podido determinar la existencia de indicio delictivo alguno”.

Respecto a las certificaciones de las obras, “se observan multitud de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos contra la administración pública y falsificación en documento público”. En este sentido, se apunta que en algunas certificaciones aparecen actuaciones realizadas por la empresa contrarias a lo establecido.