El que fue subdelegado del Gobierno entre los años 2004 y 2009, Jesús Otero, aseguró ayer en el transcurso de su declaración en el juicio por la supuesta retirada irregular de multas en Lugo que “jamás” habló con el jefe provincial de Tráfico, Julio González, para que dejase sobreseer expedientes de sanción y afirmó que siempre actuó “con la ley por delante”.
Las declaraciones de los imputados comenzaron a las cinco de la tarde, después de que por la mañana, en la primera jornada de la vista oral, se procediese a la lectura del escrito de acusación y a la deliberación de la sala sobre las causas de nulidad invocadas por la letrada Esperanza Ferreiro, que representa a González.

suspensión
La abogada del exjefe provincial de Tráfico de Lugo invocó hasta cinco causas de nulidad para reclamar la suspensión del juicio, a las que se sumaron una docena de abogados defensores, aunque finalmente la sala, después de escuchar también los argumentos de la Fiscalía, desestimó cuatro de ellas y dejó una pendiente de resolución hasta que se dicte la sentencia.
En el transcurso de su declaración, Jesús Otero destacó que la Jefatura Provincial de Tráfico es una “administración autónoma, independiente, con una estructura y jerarquía que depende del Ministerio”, de forma que el subdelegado del Gobierno no intervenía en su funcionamiento.
Otero recordó que la Jefatura Provincial dependía “orgánica y funcionalmente” de la Dirección General de Tráfico (DGT) y, por lo tanto, negó que tuviese cualquier tipo de influencia en ella.

Violencia de género
De hecho, recordó que en aquel momento solo había un cargo en la provincia cuyo nombramiento era competencia del subdelegado del Gobierno, concretamente el de la “jefa del servicio de violencia de género”, de forma que no intervino en la designación de Julio González, de quien si dijo que le parecía una persona “válida” para el puesto.
En todo caso, afirmó que “jamás” habló con él en relación con los expedientes de sanción que se tramitaban en la Jefatura Provincial de Tráfico y que su trato con González, desde el punto de vista profesional, se limitaba a aquellos asuntos que estaban vinculados con decisiones políticas, como las campañas de información de la DGT.
Por otra parte, quiso precisar que la firma de las sanciones era un “puro trámite”, porque llegaban decenas de miles cada año a la Subdelegación del Gobierno y no tenía “posibilidad material de pedir los expedientes” de las multas, porque eso hubiese “paralizado la Administración”.
“Siempre tuve un principio. La ley por delante”, dijo Jesús Otero, quien también afirmó que durante sus años al frente de la Subdelegación del Gobierno tuvo la suerte de contar con unos asesores del máximo nivel, para asegurar que “todos los expedientes” que “pasaron por Secretaría, se tramitaron conforme a la ley”.
“A ellos les debo no haber metido la pata”, precisó.
Por otra parte, quiso recordar también que era “una práctica conocida por todos”, que cuando él fue subdelegado del Gobierno las puertas de la institución estaban siempre abiertas para los representantes de cualquier partido político, “del PP, del PSOE o hasta de Fuerza Nueva”, porque se trataba de “resolver los problemas” de los vecinos.
“Ningún ciudadano puede decir que fue a la Subdelegación del Gobierno y que no se le atendió”, insistió.
Otero solo respondió a las preguntas del fiscal y de su abogado, pero se negó a ser interrogado por los otros letrados de la defensa, mientras que el exjefe provincial de Tráfico, Julio González, se acogió a su derecho a no declarar.