El juicio contra el exconserje del Liceo La Paz por grabar a menores en los vestuarios iba a celebrarse ayer en la Audiencia Provincial, pero se suspendió hasta el 10 de marzo. Sin embargo, el aplazamiento no supone ningún respiro para el acusado, porque el motivo es que fue detenido el día anterior como parte de una gran operación contra la pornografía infantil. Según la Policía Nacional, formaba parte de una red de que distribuía y consumía imágenes de “abusos de extrema gravedad cuyas víctimas son menores de muy corta edad”.
Si la investigación prospera y se convierte en una acusación, podría afrontar otras penas además de la de cuatro años y medio de cárcel y dos años de libertad vigilada por cometer tres delitos contra la intimidad y uno de posesión de pornografía infantil.    Fue en la misma época en la que fue detenido bajo estos cargos, a principios del año pasado, cuando la Policia Nacional comenzó la operación “Pegasus”. Los agentes comenzaron a rastrear una red P2P para identificar a usuarios que pudieran estar distribuyendo material pornográfico de menores en internet. Al final, identificaron a “73 usuarios de interés pedófilo” ubicados en España.
De estos 73, se detuvo a 56. La mayoría en grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. En toda la comunidad autónoma solo se realizaron dos arrestos: el del citado exconserje y el de otro individuo de Pontevedra. Los arrestados compartían los archivos con material pornográfico infantil a través de redes Peer to Peer –P2P–, uno de los sistemas más utilizados para intercambiar este tipo de contenido delictivo. Los agentes se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 614 discos compactos y DVD con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos protagonizados por menores.  También se han intervenido dos revólveres, uno de ellos con el cañón modificado, en uno de los registros efectuado en Murcia.

investigación
Pero todavía no está claro si los sospechosos se dedicaban solo a compartir pornografía infantil o si también participaban en esos actos, así que los investigadores continúan realizando un examen exhaustivo del ingente material informático intervenido a fin de determinar la posible existencia de delitos de abusos sexuales sobre menores por parte de alguno de los implicados –además del delito de producción de material pedófilo– o para determinar posibles conexiones con otros pedófilos o pederastas que interactúen en la red.
La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de 33 unidades territoriales de Policía Judicial. En total, han participado cerca de 150 agentes. n