Arteixo solicitó a Aqualia el pago de más de 26 millones de euros como indemnización el pasado mes y ahora, le toca responder a la empresa. La compañía ha solicitado que se impugne esta medida hasta que se resuelva el proceso judicial.
El pleno de la corporación de Arteixo aprobó el 11 de abril del año pasado exigir a Aqualia esa cantidad de dinero al entender que durante los años que formó parte de Augarsa no cumplió el contrato y, a su vez, eso provocó una serie de perjuicios a la red municipal y en el servicio a los vecinos.
Después del periodo de alegaciones y que el gobierno local tumbase las objeciones de la empresa, ésta recurrió vía judicial. Un acto en el que “se razonaban los motivos por los que dicho acuerdo no podía considerarse una liquidación propiamente dicha”, como recuerdan en su último escrito.
Es decir, Aqualia solicita que se paralice la ejecución del cobro de esos 26 millones de euros, porque, ellos pidieron en el juzgado que se quedase sin efecto, de manera cautelar, el acuerdo de abril de 2014 hasta que hubiese una sentencia que diese la razón a una u otra parte.
Es más, la empresa, señala en un escrito remitido al Ayuntamiento que, aunque el juzgado rechaza que se paralice el procedimiento de cobro, “debería  practicarse una nueva liquidación que cumpliese con todos los requisitos legales, debidamente notificada a Aqualia, con expresión de los recursos que en derecho procedan, de los que carecía el requerimiento notificado el 15 de enero de 2015”, cuando se emitió el recibo.

En estudio
De momento, desde el Ayuntamiento optan por cierta prudencia. Aseguran que los servicios jurídicos están “estudiando si inician o no otras medidas” paralelas a la petición emitida por la empresa.
En la misma línea, el alcalde, Carlos Calvelo, subraya que el Ayuntamiento “continuará con todos los trámites administrativos que sean necesarios para conseguir que Aqualia compense por su mala gestión al municipio” de Arteixo.
Recalca el mandatario que la rescisión culpable del contrato fue avalada por varios informes técnicos y jurídicos. Además, el Consello Consultivo también se pronunció a favor de la actuación administrativa.
Por su parte, Aqualia sostenía en sus alegaciones que solo Augarsa era responsable de la gestión y afirmaba que el plan de inversiones presentado para obtener el concurso público, no se pudo realizar porque la red estaba en un estado “muy precario” y tuvieron que realizar obras que no estaban contempladas. Afirmaban asimismo que una empresa no podía ejecutar el programa de obras como demostró el Ayuntamiento “al rescatar el servicio”.
Para el Ayuntamiento, la inacción a la hora de resolver los problemas de las tuberías provocaron que la red perdiese más del 50% del agua, lo que llevaba a que comprar más agua para evitar el desabastecimiento.