Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de las comandancias de A Coruña y Pontevedra desarrollaron ayer de forma simultánea en ambas provincias una operación denominada “Crápula” contra la delincuencia organizada y relacionada con robos en viviendas, gasolineras, naves industriales y cajeros. Según la información facilitada, al grupo se le imputan una veintena de hechos delictivos cometidos en diferentes localidades de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.

La Guardia Civil les imputa una veintena delitos en A Coruña, Pontevedra y Ourense

En el marco de la actuación, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, que dirige José Antonio Vázquez Taín, se procedió a la detención de ocho personas, cuatro de ellas en Ferrol, otras tres en Cerceda y la séptima en A Estrada.

Fuentes del instituto armado señalaron que la operación no está cerrada –únicamente lo está la primera fase– y que no se descartan nuevas detenciones.

El octavo arresto se produjo en Ferrol y a última hora de la tarde de ayer finalizó el último de los registros domiciliarios, realizado en esta ocasión en un establecimiento de Culleredo.

En el caso concreto de Ferrol, los arrestados son el matrimonio formado por Aurelio B.C. y Consuelo C.M., residentes en el poblado gitano de Los Puntas, en Catabois, también conocido como el campamento de Lupín, y al payo Marino N.L., domiciliado en un piso de la calle Ponte de Caranza, en la zona de Telleiras.

Las detenciones fueron acompañadas de registros domiciliarios, en los que se recuperaron efectos procedentes de los robos que se atribuyen a los arrestados y que estaban siendo investigados por la Guardia Civil.

Según la información a la que tuvo acceso este periódico, en el registro efectuado en barrio ferrolano de Telleiras, que se desarrolló en torno a las diez de la mañana, se realizó un importante despliegue.

A los detenidos, que en su mayoría cuentan con varios antecedentes policiales, se les atribuyen al menos una veintena de robos cometidos en las últimas semanas en viviendas, estaciones de servicio, naves industriales y cajeros de entidades bancarias. Una vez finalizados los registros, los detenidos fueron trasladados a Santiago, ya que, como se apuntó anteriormente, las diligencias están centralizadas en un juzgado de esa ciudad.