con la puesta en escena de las grandes ocasiones Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron el martes, codo con codo, el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para el año que viene. Ambos se personaron ante las cámaras con traje oscuro y corbata, lo cual fue especialmente llamativo en el vicepresidente podemita, que suele prescindir de tales prendas cuando en eventos de mayor relieve son urgidas o recomendadas por el protocolo de turno.
Cuentas históricas, se pregonó desde los solemnes atriles de Moncloa. Acabarán - dijeron- con la austeridad; subirán impuestos, sí, pero a los ricos y a las grandes empresas. Demagógicos planteamientos, típicos y tópicos de la izquierda, que luego mal se compadecen con la realidad. Al menos en la presente ocasión así volverá a ser.
Una catarata de críticas y recelos ha recibido a estos PGE. Gabinetes de estudio, expertos y comentaristas varios los han tachado de arbitrarios, irreales, discriminatorios según territorios, de baja o nula credibilidad, con recetas erróneas y estimaciones extremadamente optimistas, sobre todo a lo que a ingresos se refiere. Avalar estos presupuestos es creer en una ficción, se ha escrito en un contundente editorial. Un auténtico despropósito, han dicho otros. Disparan el gasto más que nunca y rematan la economía.
Argumentan los entendidos que la prevista subida de impuestos de toda clase y color va en dirección contraria a la que está aplicando el resto de grandes potencias económicas europeas. Con un sistema tributario enfocado a corto y medio plazo a seguir aumentando la recaudación obtenida de empresas y familias, a juicio del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, “España es una excepción entre las economías más desarrolladas de la eurozona”.
Mucho confía el Gobierno en el llamado Fondo europeo de reconstrucción, que, al final, va a terminar pidiendo en su totalidad (140.000 millones de euros), a pesar de que hace muy poquitos días la vicepresidente Calviño había manifestado el propósito de hacerlo sólo con las transferencias o subvenciones a fondo perdido (70.000 millones), dejando los disponibles créditos a devolver (la otra mitad) para más adelante “si hace falta”.
Sea como fuere, el caso es que tales ayudas son a repartir entre varias anualidades; que deberían servir fundamentalmente para dar impulso a nuevas empresas y actividades y no para cuadrar el presupuesto, y que van a tardar todavía unos cuantos meses en llegar.
Por otra parte, antes o después, en el previsto horizonte de 2022, habrá que volver a la disciplina fiscal o estabilidad presupuestaria que, tras el paréntesis de la crisis, exigirá de nuevo la UE y que el martes no ocultó la propia ministro de Hacienda, María Jesús Montero.
Así las cosas, cuanto más fuerte sea el déficit generado, más duros habrán de ser los preceptivos ajustes futuros. A la actual política económica bien puede, pues, aplicársele el popular dicho de “pan para hoy, hambre –más deuda; más recortes– para mañana.