Esa es la gran pregunta que, con evidente preocupación, se hacen muchos españoles ante los graves acontecimientos de Cataluña y el anuncio de declarar, unilateralmente, la independencia.

No cabe duda que la respuesta que surge espontáneamente respecto del origen y desarrollo de esos hechos es bastante desalentadora, pues se comprueba que los autores de los mismos siguen libres y en la calle y los responsables políticos de impedirlo o evitarlo han dejado, pasiva e impunemente, que se propagasen y extendieran.

Fue, precisamente, el jefe del  Estado en su mensaje a todos los españoles el pasado día 3 el que, con meridiana claridad, estableció la responsabilidad correspondiente, tanto de unos como de otros.

Después de reconocer la “extrema gravedad de la situación”, el rey criticó, con dureza, a las autoridades catalanas por haberse “situado totalmente al margen del derecho y de la democracia” y por pretender “quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común”.

Las anteriores palabras del rey no solo nos demuestran lo contundente y acertado de su diagnóstico sobre la gravedad de la situación y la identidad de sus culpables, sino que, al mismo tiempo, nos muestran y exigen “el compromiso de todos con los intereses generales”, subrayando que ahora “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”.

La sociedad española en su conjunto no puede quedar desamparada por el Estado ante una agresión tan directa que, además, vino siendo anunciada y preparada desde hace tiempo, sin que por los responsables políticos se le prestase la atención debida ni se valorase su extensión, desarrollo y amplitud.

Nadie pone en duda ni discute que la exclusiva responsabilidad de los hechos sucedidos o que puedan suceder corresponde a los separatistas radicales y antidemocráticos, por haber sido ellos los que declararon el incendio; pero eso no libera de su responsabilidad a los poderes del Estado para, como dijo el Monarca, “restaurar el orden constitucional”.

Finalmente, es inaceptable que en una sociedad democrática y “con la que está cayendo”, se pida a los rebeldes que depongan su actitud para evitar males mayores, cuando hasta ahora no han sufrido ninguno, pese a los flagrantes delitos cometidos y no se anuncie medida alguna que el Gobierno esté decidido a tomar. Todo parece indicar que se trata de esperar a que se produzca la declaración de independencia para que el Gobierno actúe, lo que equivale a esperar a que se cometa el crimen para detener al delincuente, con desprecio de su víctima y de los daños causados y que se causen.