Ha dicho la hoy ministro de Defensa y en otro tiempo magistrado de lo Contencioso en el Supremo, Margarita Robles, que desde el punto de vista judicial las legislación en vigor es suficiente para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas y proteger los derechos de los propietarios. 

La respuesta del nuevo presidente del Comité de alcaldes del PP y primer regidor del Ayuntamiento de Badalona, el siempre contundente Xavier García Albiol, no se ha hecho esperar: “La ministro no tiene ni puñetera idea de la realidad de su país”. Y para ilustrarla debidamente la ha invitado a visitar aquellos sus dominios. 

Tampoco sintonizan con la ministro los partidos de la oposición, que han presentado iniciativas varias encaminadas a endurecer actuaciones: aumentar penas a los okupas a través de una modificación de la ley de Enjuiciamiento criminal, permitir una actuación inmediata de las fuerzas de Seguridad del Estado, de forma que aquéllos puedan ser desalojados en un máximo de 48 horas, y no empadronar a los invasores. 

El hecho es que la vigente reforma procesal civil de junio/2018 (Gobierno de Pedro Sánchez salido de la moción de censura) se quedó corta. Y no sólo porque limitaba su ámbito y dejaba fuera de aplicación a las entidades jurídicas, sino también porque, a juicio de los expertos, para combatir esta lacra se requería una reforma de más hondo calado; esto es, de otros textos normativos fundamentalmente de carácter penal. 

Así las cosas, han proliferado fenómenos de ocupación ilegal premeditados. Se trata de auténticas bandas organizadas para okupar que condicionan el desalojo a obtener una indemnización por parte del propietario. Por mor del efecto llamada, las prácticas de estos grupos se han ido extendiendo como la espuma ante el rédito económico que supone para los okupantes y ante la falta de respuesta jurídica que la actual normativa ofrece para una desocupación inmediata. 

El sector financiero, por ejemplo, estima que hasta 70.000 de sus viviendas han sido usurpadas por estas bandas dedicadas as asaltar la propiedad privada, mientras que otras fuentes incorporan en sus cálculos los pisos de particulares y hablan de 100.000 inmuebles afectados. Sólo las okupaciones denunciadas en 2018 ascendieron a más de 12.200 y significaron un aumento de un 60 por ciento sobre los expedientes de 2013.

Durante el primer trimestre de este 2020 en curso y a pesar de las restricciones de movilidad derivadas del estado de alarma, las denuncias por este tipo de infracciones subieron un 5 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado. 

Decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que, visto lo visto, a Pedro Sánchez “no le quedará más remedio que tomar alguna iniciativa”. Ingenuo él, habría que añadir. Porque muy bien el presidente puede lavarse las manos como está acostumbrado y cargar responsabilidades sobre las comunidades autónomas por aquello de la cogobernanza, que no es otra cosa que un sofisma político.