Muchas son las interpretaciones que suscitan las palabras del Presidente Puigdemont en el Parlament el pasado día 10, cuyo texto, literalmente, dice “asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Y propongo que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para emprender un diálogo y llegar a una solución acordada”.
Pues bien, pese a que pudiese considerarse ambiguo o equívoco, entendemos que de su texto se deduce, de manera inequívoca, que no plantea duda alguna sobre si se refiere a suspender la declaración de independencia o a suspender los efectos que dicha declaración produzca. Hay que reconocer que el confusionismo que, deliberadamente quiso introducir, con ese texto, el Presidente de la Generalitat, no es ni tan oscuro ni tan críptico como pueda parecer.
En efecto, para interpretarlo correctamente hay que interrogarse más sobre lo que no ha dicho, que sobre lo que ha dicho; más por lo que no negó que por lo que afirmó. No cabe duda que, con relación a la declaración de independencia, no ha dado ni un solo paso atrás; no ha rectificado ni desistido. Sólo ha dejado en suspenso la previa declaración que, indiscutiblemente, formuló y no para su “vuelta atrás”, sino para buscar una “solución acordada” a esa secesión y separatismo, que no ha negado y en la que se mantiene.
Siempre es más importante considerar lo que no se niega que lo que se afirma. Las negaciones no admiten comentarios ni interpretaciones. Son, lisa y llanamente, negativas sin más. Son, por consiguiente, las afirmaciones las que pueden expresarse en forma más o menos directa e incontrovertible.
Que la situación de extrema gravedad, como la calificó el Monarca, subsiste es algo tan evidente como la exigencia de su urgente solución.
Es cierto, como se reconoce por los más conspicuos analistas políticos, que no ha sido una declaración formal y expresa de independencia en los términos que algunos esperaban pudieran producirse; pero nada de ello disminuye la gravedad de los hechos como reconoce Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional.
Quienes, con mejor intención que acierto, sostienen que el presidente de la Generalitat incurrió en el error de pedir la suspensión de una declaración que, previamente no hizo, desconocen el texto o ignoran que “asumir un mandato” equivale a hacerlo suyo, máxime cuando no se alega ninguna duda o reticencia y sí, por el contrario, se pide que se aplace o suspenda su entrada en vigor o sus efectos, lo que, por otra parte, concurre en cualquier condición suspensiva para aplicar una decisión o la entrada en vigor de una norma.
Finalmente, no basta con reconocer que el presidente de la Generalitat pisó el freno después de asumir el mandato independentista, pues lo que, realmente, se le pide y los poderes del Estado deben conseguir, es que “eche marcha atrás y se restablezca el orden constitucional”.