Es una sentencia justa la del Tribunal Constitucional que anula en toda España el “impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana” en las operaciones de venta que no generen una ganancia para el contribuyente. A partir de ahora quien venda un piso o una casa a un precio inferior al de la compra, es decir con pérdida, no tiene que pagar la “plusvalía” que los concellos aplicaban a todas las operaciones con independencia de si el vendedor obtenía o no un ganancial.
Sin entrar en detalles de la sentencia, una primera conclusión: los ayuntamientos estuvieron cobrando indebidamente este gravamen en la venta de 550.000 inmuebles en España -18.300 en Galicia- metiendo la mano en los bolsillos de cientos de miles de vecinos. Igual que los carteristas, pero amparados por una normativa para que el robo masivo estuviera legalizado.
Tristemente, los ciudadanos ya estamos acostumbrados a atropellos, a vivir “solos ante el peligro” frente al oligopolio de las eléctricas y petroleras –en Galicia venden los combustibles al precio más alto de España–, a los desmanes de la banca, de la AP-9… Pero cabía esperar que los concellos, la administración más cercana, no cometieran este abuso impositivo que contradice el sentido común aún de aquel ciudadano que nada sabe de leyes. También el Congreso debería haber modificado la legislación que lo amparaba, que para eso pagamos a sus señorías.
Ahora, los ayuntamientos deberán corregir esta “alcaldada” revisando las liquidaciones de los últimos cuatro años. Pero ya verán como miles de ciudadanos afectados tendrán que hacer un largo peregrinaje y engorrosos trámites por las ventanillas municipales para recuperar lo que es suyo.
Dice el ministro Montoro que esta sentencia es una oportunidad para mejorar el sistema tributario y aseguró que está trabajando con la Federación de Municipios y Provincias para reformar el impuesto de plusvalía municipal que “requiere una nueva legislación”. ¡Peligro! Teniendo en cuenta la voracidad recaudatoria de las administraciones, seguro que modificarán la Ley para crear otro impuesto que siga desangrando al contribuyente para mantener el inmenso tinglado político-administrativo. Cuando don Ciprián de Penalva, un paisano tan leído como desconfiado, observaba alguna “concesión” de las administraciones siempre decía que “sin amolar -él empleaba un verbo más castizo- non has de quedar”. Seguro que ahora tampoco.