os meses tuvo Pedro Sánchez bloqueado  el país entero: desde que a finales de julio del año pasado no sacó adelante la investidura hasta finales de septiembre cuando, ante la falta de alternativa viable,  hubo que convocar elecciones para el 10 de noviembre. Y lo hizo deliberadamente,  porque con esta nueva llamada a las urnas esperaba mejorar su posición política en el el Congreso. 
Cubrió el tiempo haciendo que hacía; esto es, como gran impostor que es,  engañando a los ciudadanos. Luego, a la hora de la verdad, el tiro le salió por la culata: perdió tres diputados y 800.000 votos sobre las elecciones de abril anterior. 
Sumando unas cosas y otras, bien puede decirse, en consecuencia, que el país estuvo parado hasta mediados de enero del año en curso en que el gobierno Sánchez / Iglesias echó a andar. En total, seis meses. Y todo, porque le interesó  al hoy presidente del Gobierno.
Así las cosas, sorprenden las prisas que a este significado bloqueador le han entrado  con la renovación del Consejo general del Poder judicial (CGPJ) que lleva, sí, dos años de retraso, pero que sigue funcionando con regularidad y confluencia de “conservadores” y “progresistas”, tal como se ha demostrado en recientes designaciones.
Bien se sabe que está a punto de debatirse en el pleno del Congreso una proposición de ley impulsada por socialistas y podemitas, según la cual se mantiene la elección parlamentaria de los doce miembros del CGPJ que corresponden a los jueces y Tribunales, pero que abre la puerta a que  tal elección pueda serlo, en segunda votación, no por la mayoría reforzada de tres quintos, sino por una inferior como es la  absoluta, para así superar bloqueos.
Exigida por Podemos –tiene enormes ganas de entrar– y armada por la vicepresidente Carmen Calvo, a esta profesora titular de Derecho constitucional y no catedrático, como se asegura, la iniciativa  le parece fácil de llevar a término. Se trataría de respetar la mayoría reforzada establecida por el artículo 122.3 de la Constitución para los ocho vocales reservados a Congreso y Senado, pero no necesariamente para los otros doce, cuyo procedimiento se rige, a su juicio, por una ley orgánica tan reformable como cualquiera.
Otros no lo ven tan claro. Expertos como el magistrado emérito del Constitucional Manuel Aragón entienden, sin embargo, que la ley fundamental no puede querer dos varas de medir para un órgano absolutamente crucial en nuestro sistema de división de poderes y que el Consejo llegue a depender de la democracia de mayoría y no de la democracia de consenso. 
Lo que está claro es que, cuando remate la reforma, la Justicia estará más politizada. Además, entraríamos en un largo proceso jurídico en varios frentes y en una batalla política que sin remedio llegará a Europa y perturbará, con razón, la imagen de nuestra democracia. Pero el Gobierno Sánchez/Iglesias va a por todas.