en pleno impacto social y sanitario de la pandemia,  Cáritas Española y otras organizaciones han celebrado, como suele ser ya habitual en las últimas fechas de octubre, el Día de las Personas sin Hogar. Y lo han hecho bajo un lema también de impacto: “No tener casa, mata”. 
Se ha querido así llamar la atención de los poderes públicos y de la ciudadanía sobre los efectos que la falta de una vivienda adecuada y digna supone para miles de familias de nuestro país, donde se estima que  cerca de 800.000 hogares y 2,1 millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. 
Según datos que maneja la fundación de estudios sociales FOESSA, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. Y es que el acceso a una casa digna se ha convertido en un derecho humano inaccesible para muchas familias,  que sufren  la inseguridad  y la inadecuación de su hogar.
El responsable de Programa de personas sin hogar de la mencionada ONG católica, Enrique Domínguez, ha explicado estos días que no disponer de  casa impide tener un hogar, unas relaciones sociales normalizadas y un espacio básico de protección, además de suponer un serio impacto en la salud física y mental de los  afectados. De ahí el lema de este año. De hecho,  la esperanza de vida de tales personas  está entre los 42 y 52 años; esto es, unos treinta menos que la población general.
En un contexto en que la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente a la pandemia, las medidas dirigidas a la población, tales como aumentar la higiene, permanecer en casa o el distanciamiento social estricto, no son realistas ni posibles para quienes viven en la calle.
Las dificultades resultan especialmente relevantes en un país como España que carece de un adecuado parque de vivienda social en alquiler: únicamente cuenta con 275.000  de este tipo, lo que según informe del Defensor del Pueblo supone tan sólo el 1,5 por ciento del parque de viviendas principales. Y para completar el horizonte, valga el dato de que en los dos últimos años el alquiler ha subido un 30 por ciento. 
Así las cosas, en su habitual línea de formular propuestas concretas, Cáritas aboga por la urgente redacción de una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda donde se incluyan todas las situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo. Y por  la paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo en vivienda habitual en alquiler.  
Al respecto recuerda que, según datos del CGPJ, el año pasado se realizaron en España 54.006 desahucios. La cifra  supone, sí,  un 9,5 por ciento menos que en 2018, pero sigue reflejando una realidad digna de atención: se trata de casi 150 diarios. O lo que es lo mismo:  seis cada hora.